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Dom Helder inicia as Noitadas do Solar São José: “A Casa do Pai aberta à inteligência, imagem viva do Senhor”

Em seu pastoreio na Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Helder Camara dedicou uma atenção especial aos intelectuais e à juventude. Para tanto, inclusive, criou as Noitadas do Solar São José.

Quis transformar o Palácio Episcopal São José de Manguinhos em um foco de irradiação cultural. As Noitadas eram uma maneira de unir todas as forças vivas para estudar e promover o desenvolvimento integral baseando-se no novo humanismo cristão: “Perda de tempo? Esnobismo? Diletantismo? Imperdoável numa região subdesenvolvida, com problemas terríveis pela frente?… Ai do país que deixa de ter poetas ou onde a poesia deixa de ser amada, entendida, discutida. Alegra-me ver um grupo sério discutindo problemas limpos, sedentos de beleza”.

No dia 6 de maio, Dom Helder visitou o poeta e dramaturgo Ariano Suassuna com quem combinou a “Noitada de Literatura”. Foi coordenada pelo poeta. A “Noitada de Artes Plásticas” foi coordenada pelo artista Francisco Brennand.

Durante a Vigília de 16 para 17 de maio de 1964, registrou:

“A Vigília foi marcada pelo início das Noitadas. Como agradeci a Deus o que os meus olhos viam! A Casa do Pai aberta à inteligência, imagem viva do Senhor. […] Que o Espírito Santo abençoe nossas Noitadas: ● nascidas do desejo humilde de estudar e promover, pelo exemplo, estudo entre os Bispos e entre os padres; ● criadas para dar testemunho da luz e promover a verdade na caridade…”.

Ocorreram encontros para discussões filosóficas e teológicas conduzidas por Newton Sucupira, além de representações teatrais e musicais e mostra de artes. Dom Helder gostou muito da exposição feita pelo Pe. Marcelo Carvalheira sobre as correntes teológicas mais discutidas naquele momento. No próximo Causo do Dom, contaremos sobre a Noitada dos Jovens, a Noitada Ecumênica e das Lideranças do Banco da Providência.

Pe. Ivanir Antonio Rampon

Teólogo

Algumas fontes

Camara, Dom Helder. Circulares Interconciliares. Tomo I. Recife: CEPE, (organizador: Zildo Rocha), 2009.

Piletti, Nelson e Praxedes, Walter. Dom Hélder Câmara: entre o poder e a profecia. São Paulo: Editora Ática, p. 308-312, 1997.

Rampon, Ivanir Antonio. O caminho espiritual de Dom Helder Camara. São Paulo: Paulinas, p. 158-160, 2013.

https://domheldercamara.org.br/2026/07/23/causos-do-dom-dom-100/

 

 

“Lo que provocó el sincretismo”

(entre lo que significa y lo que traducimos)

Cuando eramos niños y niñas, en el territorio del pueblo maya Poqomchi, nos despertábamos el día 1 de Noviembre con olor a “flor de muerto”, olor a pino, el olor a pom e incienso y las candelas de arrayan.  El olor del ayote cocinado con panela, los jocotes rojos, algunos en dulce, sin faltar los tamales y en algunas casas el saq’ ik.   El olor a licor en el altar, porque en esos días, había que darles su traguito a nuestros antepasados, porque volvían a sus casas y caminaban por todos lados.

Nuestros papás nos decían que era el tiempo en el que los antepasados iban pasando lista para “saber quiénes iban a partir en el próximo año”.  Y viendo siempre donde nace sol, decía, “quienes se fueron este año, se quedan cuidando el lugar, para recibir a quienes van a ir al cementerio”.

A eso de las seis de la mañana se escuchaban las campanas de la iglesia: “tilín, talan, tilín, talan”.  Se escucha la primera bomba; ¡boom! Algunos fieles, corrían porque ya comenzaba la misa.  Esta fiesta, sobre todo cuando hablamos de misa, está relacionada con el calendario gregoriano.  Por eso, todo se relacionaba con la iglesia[1].  Los mayordomos, unos con el “escudo de tipo colonial” y la imagen del “santo al que representan”, comenzaban a llegar a la iglesia.   Entre las palabras del sacerdote que dirigía la misa se escuchaban las notas de la chirimía y el tambor, que ameniza todo ese tiempo.  Mientras algunos mayordomos, ya con los tragos bien puestos, ni le ponían atención a lo que decía el sacerdote y así terminaba ese momento litúrgico.

Una hora después terminó la misa.  Es en ese momento cuando se vuelve ver la fusión o el sincretismo, entre lo católico y el conocimiento maya.  Se juntan los mayordomos, principalmente los de la mayordomía del “Dulce Nombre” y la de “El Rosario”.  Se presentan ante el altar mayor con una cruz, un cofrecito (cajita de madera) o una canasta, una campana, con su morral atravesado, después que los desahúman, comienzan a salir de la iglesia y a correr.

Es en esta parte cuando se vuelve a apreciar el conocimiento y el pensamiento de los maya Poqom.  Mientras van por las calles repiten la frase: “Ja’ la’ maam, ja’ la’ tit”[2].   La palabra Ja’, no viene de la palabra “jalooj”, que significa cambiar.   Posiblemente viene del Ch’ol o de la palabra Jale’, que significa “agradecer”.  En los municipios de Tactic, Santa Cruz y Purulha, constantemente cuando agradecen dicen: “Jale’ aweh tut (gracias a usted señora) o jale’ aweh jaw (gracias a usted señor).  Entonces, “Ja’ la’ maam, ja’ la’ tit”, significa: “Gracias abuelo, gracias abuela, gracias mamá, gracias papá o gracias señor, gracias señora”.

Cuando preguntábamos de niños a nuestros padres, ¿cuál era el sentido de la carrera? nos decían: “los abuelos y las abuelas están caminando y comenzaron a caminar desde hace mucho tiempo y este día se encuentran todos y nos van diciendo: “Ayu’ chi q’a poni, ayu’ chi kiki. Cha yew taq qa wa’, cha yew taq qa ha’. Cha q’am taq cho ch’umaah, cha q’am taq cho’ k’uxuj, cha q’am taq cho tilul, cha qam taq cho’ ruum, cha qam taq cho’ re uhtz’ub’.  K’aaj ikik. Cha tej taq a paat.  Cha sib’eh taq a paat, cha sib’eh taq a yaam.  Xqayeb aweh taq re’ ch’ukuy, re’ kanjaal, re’ saqijwan.  Reh ma eta na kuy a wa’ taq”.  (Aquí estamos llegando, aquí estamos pasando.  Dennos de comer, dennos de beber.  Traigan güisquiles, traigan flores.  Porque estamos pasando.  Abran sus casas, que son nuestras.  Desahúmen con pom, sus casas y sus lugares.  Les dimos el ch’ukuy, el kanjaal, saqijwan (los tres tipos de semillas de maíz de la región poqomchi), para que no pasen hambre.

Y mientras corrían y pasaban por las casas las familias salían[3] a recibirlos con güisquiles, jocotes, naranjas y limas. Las familias con más posibilidades económicas los invitaban a degustar de una taza de “saq’ ik, tamales u otra comida” y el respectivo, “tii rik’at” (lo que quema), el traguito.  Y el dinero que recaudan lo entregan a los barrios y con este se pagaba a quien elaboraría el “cirio”, la gran candela que se usaba en la Iglesia católica el Sábado de Gloria. El “cirio pascual” es una candela elaborada de semillas del árbol de wah’uht  (arrayán) y a veces mezclada con cera de abeja y que elaboraban con mucha paciencia los “Aj Walaq[4]”, quienes eran las “autoridades indígenas”.

Entonces, durante la actividad del 1 de noviembre se aprecian dos momentos: el primero, “el momento impuesto y que se da en la iglesia y en los barrios; y el segundo, el momento del conocimiento propiamente Poqomchi que se da en la calle y en las casas.  Este último se complementa cuando en los altares de las casas y sobre las tumbas se colocaban todo tipo de flores y frutas, además del traguito de licor”. Este momento es importante para atender el principio que hay una diferencia entre el “hablar y escuchar”. No basta solo hablar, ni basta solo escuchar. Los conocimientos de nuestros pueblos no se trata únicamente de traducirlos, sin entender lo “que sígnica para ellos” para no decir cosas que no son.  No se trata solo de traducir o enunciar su estructura, porque detrás de una palabra hay un conocimiento individual y colectivo y una historia mucha más profunda que la que creemos que es.


[1] Aunque la Iglesia católica fue la gran estructura colonizadora desde 1524 más o menos, todos confluíamos ahí aunque después algunos se han ido de ella por una u otra.

[2] Sobre el tema seguimos investigando, porque posiblemente la frase hace referencia al proceso que hacían los “Lakantun o Ch’ol”, cuando regresaban a buscar a sus familiares que eran tomados por los curas dominicos, para formar los pueblos, como parte de las reducciones que hicieron, para desarrollar su modelo de “evangelización”.

[3] Salían, porque ahora es raro ver a las familias salir a la puerta de sus casas a recibirlos, por la influencia del mundo moderno y de las iglesias no católicas.

[4] De este grupo de los Aj Walaq, se elegían a quienes iban a servir de “apóstoles”, durante la semana santa.

El caso Ernestina: la violencia interseccional en tiempos de militarización

La impunidad que rodeó la muerte de Ernestina Ascencio Rosario se sitúa dentro de un escenario más amplio de militarización, discriminación y acceso desigual a la justicia. En México, los cuerpos de las mujeres indígenas han sido víctimas de las relaciones de poder y objeto de violencia sexual. Desde una perspectiva interseccional, este caso muestra cómo el género, la pertenencia étnica, la edad, la pobreza y las barreras lingüísticas limitaron su acceso a la justicia. Veinte años después, la sentencia de la Corte IDH contra el Estado mexicano deja un precedente fundamental: las experiencias de violencia sufridas por las mujeres indígenas no pueden volver a ser invisibilizadas por la historia oficial.

El caso de Ernestina Ascencio Rosario es uno de los ejemplos más representativos de las tensiones entre seguridad, derechos humanos y acceso a la justicia durante la denominada “guerra contra el narcotráfico” en México. La mujer indígena náhuatl de 73 años vivía en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, cuando en 2007 el Ejército mexicano instaló una base de operaciones como parte de la estrategia de militarización impulsada por el Gobierno Federal.

El 25 de febrero de 2007, Ernestina fue encontrada gravemente herida cerca de un campamento militar. Sus familiares identificaron indicios de violencia física y sexual; sin embargo, se enfrentó a las brechas geográficas y la falta de atención médica. Durante su ingreso al Hospital Regional de Río Blanco, se evidenciaron además importantes barreras lingüísticas, ya que Ernestina era hablante monolingüe de náhuatl y no contó con intérpretes o traductores que facilitaran su comunicación con el personal médico. Horas después falleció.

Las primeras investigaciones ministeriales y periciales señalaron elementos compatibles con una agresión sexual. No obstante, el Ejecutivo Federal concluyó que la muerte se debió a causas naturales y cerró la investigación. Esta decisión generó cuestionamientos sobre la imparcialidad de las instituciones encargadas de esclarecer los hechos. Ante ello, familiares y organizaciones de la sociedad civil solicitaron acceso a la información contenida en el expediente, pero durante años las autoridades lo restringieron argumentando razones de seguridad y protección de datos personales.

Una víctima de la discriminación interseccional

El caso de Ernestina llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos el 11 de junio de 2023, donde se denunció la vulneración del derecho de acceso a la información, así como las deficiencias en la atención médica, la ausencia de intérpretes y las irregularidades en la investigación. En septiembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano y reconoció la importancia del derecho a la verdad en casos relacionados con posibles violaciones graves a los derechos humanos.

Esta paradigmatica sentencia también visibiliza las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en México. Desde una perspectiva interseccional, el caso muestra cómo el género, la pertenencia étnica, la edad, la pobreza y las barreras lingüísticas se entrecruzan para agravar la situación de vulnerabilidad de Ernestina y limitar su acceso a la justicia intercultural. Asimismo, evidencia la persistencia de prácticas de racismo estructural dentro de las instituciones estatales.

La Corte IDH enfatizó la obligación de realizar investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas cuando existan indicios de violencia sexual o posible participación de Agentes del Estado. También recordó que la violencia sexual puede constituir una forma de tortura debido al sufrimiento físico y psicológico que ocasiona. A casi 20 años, el caso Ernestina Ascencio continúa siendo una referencia sobre los efectos de la militarización, la necesidad de combatir el racismo institucional y la importancia de garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las mujeres indígenas en México.

La militarización en México

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la militarización en México se puede comprender como un proceso caracterizado por la creciente intervención de las Fuerzas Armadas en funciones que tradicionalmente corresponden a instituciones civiles, particularmente, en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada. Este fenómeno no se limita al despliegue de militares en zonas urbanas y rurales, sino que también comprende la incorporación de personal militar en actividades de la administración pública.

Esta perspectiva histórica permite ubicar el caso de Ernestina Ascencio Rosario dentro de un escenario más amplio: su muerte ocurre justamente dentro de los primeros meses de la estrategia federal de militarización asociada con la lucha contra el narcotráfico. La Corte Interamericana señaló posteriormente que la región se encontraba atravesada por pobreza, marginación, discriminación histórica y episodios de violencia contra mujeres indígenas relacionados con ese contexto de militarización.

Para las mujeres indígenas, la presencia militar visibiliza aún más las desigualdades vinculadas con el género, la pertenencia étnica, la lengua, la edad, la pobreza y el territorio, lo cual se refleja en las múltiples violaciones de derechos humanos y en las sentencias Fernández Ortega vs. México y Rosendo Cantú vs. México. En Ernestina convergían diversas condiciones que incrementaban las desventajas frente al poder estatal: era mujer, indígena, adulta mayor, hablante monolingüe de náhuatl y habitante de una zona caracterizada por altos niveles de marginación.

La importancia de la interseccionalidad

A las limitaciones de carácter político, económico y jurídico se suman prácticas patriarcales. Es necesario considerar el factor de la colonización, cuyo proceso resultó profundamente violento para los Pueblos Indígenas y tuvo consecuencias particulares para las mujeres. Sus cuerpos fueron objeto de violencia sexual, explotación y sometimiento. De esta manera, los cuerpos de las mujeres indígenas se convirtieron en espacios de dominación. Desde esta perspectiva, la interseccionalidad permite comprender cómo las desigualdades de género, etnia y clase se engarzan y reproducen obstáculos específicos que enfrentan las mujeres indígenas en México.

La interseccionalidad ofrece una herramienta especialmente útil para estudiar cómo operan las relaciones de poder. Este enfoque permite identificar que las distintas formas de opresión generadas en sociedades atravesadas por estructuras patriarcales, raciales y económicas no afectan de manera homogénea a todas las personas. En efecto, determinados sistemas de opresión actúan de manera simultánea y generan experiencias que no pueden comprenderse examinando separadamente cada categoría. No se trata simplemente de afirmar que una persona experimenta discriminación por ser mujer y, adicionalmente, por pertenecer a un determinado grupo étnico o racial.

Este enfoque resulta particularmente pertinente para analizar el caso de Ernestina Ascencio Rosario. Su condición de hipervulnerabilidad, habitante de una comunidad rural y situada en un contexto de presencia militar introduce distintos ejes de desigualdad que interactúan entre sí y condicionan tanto la violencia que habría experimentado como las posibilidades reales de acceder a la justicia.

Memoria, verdad y justicia

El derecho a la verdad implica una dimensión esencial de la protección de los derechos humanos, particularmente cuando se trata de violaciones graves en las que intervienen agentes estatales. Este derecho supone que las víctimas y sus familiares puedan conocer de manera plena lo ocurrido, las circunstancias en las que se produjeron los hechos, las personas que participaron y las motivaciones que dieron lugar a las violaciones. Asimismo, se encuentra estrechamente relacionado con las obligaciones estatales de investigar eficazmente, garantizar recursos efectivos y proporcionar una reparación a las víctimas.

La violencia experimentada por Ernestina no puede entenderse exclusivamente como un episodio individual, sino dentro de una estructura en la que convergen género, pertenencia indígena, edad, desigualdad social y presencia militar. Recuperar su memoria implica también cuestionar las condiciones históricas que han permitido que determinadas formas de violencia contra las mujeres indígenas sean minimizadas, naturalizadas o desplazadas del debate público.

De este modo, la memoria puede ser entendida como una forma de resistencia frente al olvido institucional. Cuando las instituciones no investigan adecuadamente, cuando las víctimas no encuentran respuestas o cuando una versión oficial pretende clausurar el significado de un acontecimiento, la memoria puede mantener abierta la exigencia de esclarecimiento. La memoria impide el olvido, la verdad permite esclarecer y, la justicia busca atribuir consecuencias jurídicas y reparar el daño. La finalidad última de esta articulación se encuentra en las garantías de no repetición.

El caso de Ernestina a la luz de la justicia internacional de los derechos humanos

La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Ascencio Rosario y otros vs. México, de 30 de septiembre de 2025, marcó un hito para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al abordar en un mismo caso la violencia sexual ejercida por agentes militares, la prohibición absoluta de la tortura, los derechos de las mujeres indígenas, el acceso a la salud, la discriminación, el acceso a la justicia y el derecho a la verdad.

La Corte concluyó que agentes estatales perpetraron en su contra actos de tortura, incluida violencia sexual y lesiones graves. El caso fue leído desde una lógica interseccional. La violencia que vivió Ernestina no puede fragmentarse entre su condición de mujer, de indígena, de persona mayor y de habitante de una comunidad históricamente marginada. Tales factores operaron conjuntamente y condicionaron tanto su exposición a la violencia como las posibilidades posteriores de acceder a la protección estatal.

Del mismo modo, la Corte determinó que el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar los hechos con debida diligencia reforzada y de garantizar a los familiares de Ernestina el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Frente a indicios de violencia sexual contra una mujer, las autoridades deben investigar de manera inmediata, imparcial, exhaustiva y cumpliendo con los estándares internacionales acordes a la situación. Cuando la víctima pertenece a un Pueblo Indígena, las diligencias de investigación requieren incorporar aspectos interculturales.

Probablemente, uno de los aspectos más significativos del caso es la confrontación entre la construcción Estatal de una narrativa sobre los hechos y las exigencias derivadas del derecho a la verdad. Durante las investigaciones, distintas autoridades públicas emitieron declaraciones que cuestionaron la versión de la víctima y sus familiares, y atribuyeron su muerte a causas naturales. Esto permite distinguir la “verdad oficial” de la verdad con los elementos jurídicos, y una investigación compatible con los derechos humanos.

Un precedente para las mujeres indígenas

La publicación de la sentencia del caso de Ernestina Ascencio Rosario en el Diario Oficial de la Federación trasciende el cumplimiento formal de una medida ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su relevancia radica en que incorpora al espacio público e institucional una verdad que durante años fue debilitada por una investigación deficiente y por narrativas oficiales que minimizaron la violencia normalizada en los contextos de militarización.

Reabrir la investigación implica confrontar las condiciones institucionales que hicieron posible la impunidad. La ausencia de intérpretes, las deficiencias en la atención médica, el cierre prematuro de las investigaciones y los obstáculos enfrentados por sus familiares muestran que la discriminación no operó de manera aislada, sino mediante la convergencia de distintas estructuras de desigualdad.

Para las mujeres indígenas en México, el caso deja un precedente fundamental: sus testimonios, sus cuerpos y sus experiencias de violencia no pueden volver a ser invisibilizados y borrados por la historia oficial.

El caso Ernestina Ascencio permite advertir la estrecha relación entre memoria, verdad y justicia: publicar la sentencia recupera la memoria de Ernestina frente a una narrativa oficial que durante años cuestionó las circunstancias de su muerte; reabrir la investigación constituye una vía para materializar el derecho a la verdad de sus familiares; e identificar a los responsables representa la dimensión de justicia pendiente. Finalmente, las garantías de no repetición obligan al Estado a cambiar las condiciones institucionales que permitieron la violación de sus derechos.

La sentencia marca el inicio de una nueva etapa de exigibilidad. El trabajo realizado por la Sociedad Civil y el litigio estratégico fueron de vital importancia para que el caso llegara a la Justicia Internacional. Su cumplimiento efectivo será el parámetro para determinar si el reconocimiento internacional de las violaciones logra traducirse en justicia material o si permanece solo como una declaración jurídica. Para las mujeres indígenas en México, el caso deja un precedente fundamental: sus testimonios, sus cuerpos y sus experiencias de violencia no pueden volver a ser invisibilizados y borrados por la historia oficial.

Flor de Magdalena Vargas Ortiz es Doctora en Derecho y responsable del seminario permanente “Justicia Intercultural”, adscrito al Instituto de Investigación Jurídicas de la Universidad Veracruzana.

https://debatesindigenas.org/2026/11/01/el-caso-ernestina-la-violencia-interseccional-en-tiempos-de-militarizacion/

El despojo de territorios indígenas en Argentina a 534 años de la conquista

Foto: Roxana Sposaro

En Argentina, los Pueblos Indígenas enfrentan una regresión normativa, administrativa y jurisprudencial que profundiza el despojo territorial y amenaza sus derechos. El desconocimiento de su preexistencia y el avance de un modelo de desarrollo incompatible con sus formas de vida se traducen en desalojos y amenazas que ponen en riesgo la permanencia de las comunidades en sus territorios. Sin embargo, estos retrocesos no deben interpretarse como definitivos: la resistencia y la organización de las comunidades mantienen abierta la posibilidad de construir otros horizontes en un contexto político más favorable.

Los instrumentos jurídicos internacionales que reconocen los derechos indígenas legislan, desde hace décadas, la autonomía de los Pueblos Indígenas. Puntualmente, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas incorporó el derecho a su libre determinación. A casi dos décadas de su inclusión, este derecho sigue generando debates, hoy profundizados por sesgos ideológicos insoslayables que oscurecen los puntos más relevantes de la discusión.

La autonomía, como expresión de la libre determinación, requiere, en primer lugar, de una base territorial que permita ejercerla. La interdependencia de derechos, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala la estrecha relación que existe dentro del conjunto de derechos indígenas contemplados por los Estados. No solo se vulnera un derecho cuando se desaloja una comunidad indígena: también implica el desconocimiento y la vulneración de otros derechos, como la identidad cultural, el derecho al agua y el derecho a la alimentación adecuada. Y, por ende, la imposibilidad de ejercer los derechos a la autonomía y a la libre determinación.

En Argentina, la lejanía de la autonomía y la libre determinación es evidente. En un contexto de regresión normativa, administrativa y jurisprudencial que impacta directamente el día a día de las comunidades indígenas, una seguidilla de desalojos (e intentos de desalojo) confronta con lo que el mismo Estado había reconocido en el papel. Esta divergencia pone de manifiesto el modelo estatal que va puliendo sus formas. Este modelo, asentado en el extractivismo y en la promoción constante a la inversión de empresas extranjeras a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para favorecer la extranjerización de la tierra, tiene la necesidad de despojar a las comunidades indígenas de sus territorios.

La lejanía de la libre determinación y la autonomía indígena

Difícilmente pueda hablarse de respeto a la libre determinación y a la autonomía cuando la política pública es la negación de la existencia y preexistencia de los Pueblos Indígenas en la Argentina. Esta negación incide directamente en los desalojos. Es llamativo, que en diversos puntos del país, los jueces dispongan que las comunidades deben dejar sus territorios.

Más allá de las puntuales decisiones judiciales, estas medidas pueden interpretarse dentro de un contexto más general, adverso para los derechos indígenas. La promoción de actividades extractivas, los intereses económicos en los territorios indígenas (entre ellos, los inmobiliarios) y el desconocimiento de la actual gestión de gobierno de los derechos indígenas son elementos que se conjugan para gestar una situación difícil de gestionar.

Pero los desalojos no sólo se producen a través de órdenes judiciales. El amedrentamiento, las amenazas y el miedo también forman parte de los mecanismos utilizados para vaciar los territorios. La correlación de fuerzas es muy dispar, y las comunidades indígenas se ven acorraladas frente a las fuerzas de seguridad que no vacilan a la hora de ejecutar los desalojos.

La inseguridad jurídica de los Pueblos Indígenas del norte argentino

Distintos casos de desalojos permiten ilustrar las afirmaciones anteriores. En julio de 2026, en la localidad de Garuhapé, provincia de Misiones, el Poder Judicial llevó adelante un desalojo ilegal contra la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II. Durante el operativo, alrededor de 50 policías presentaron una orden de desalojo con múltiples irregularidades y expulsaron a las familias de la comunidad mediante amenazas y violencia. A pesar de que la comunidad regresó a sus tierras ancestrales, la disputa de larga data con la empresa Arauco, una de las empresas forestales más grande de América Latina, se profundiza.

Este desalojo debe leerse y entenderse como parte de una transformación territorial que va de la mano de un modelo de producción basado en el monocultivo y el agronegocio.  La denuncia del empresario que provocó el desalojo de Puente Quemado II es una clara señal del desplazamiento progresivo de los Pueblos Indígenas frente a intereses que responden a una matriz económica claramente incompatible con las formas de vida de las comunidades.

Las comunidades indígenas se encuentran atrapadas por los empresarios, pero también por el Estado, que claramente ha tomado partido y desprecia el modo de vida que sostienen los Pueblos Indígenas.

En la provincia de Salta, la Comunidad Diaguita Kalchakí Las Pailas de Cachi sufrió un violento desalojo, ejecutado de manera irregular y que implicó la exclusión de mujeres, infancias y adultos mayores de su territorio. El discurso oficialista apunta a relativizar la identidad indígena y confrontarla con los titulares registrales de las fincas, quienes serían, según los funcionarios del Estado, los genuinos propietarios. La tensión entre los reclamos territoriales de las comunidades indígenas y la propiedad privada se reedita una y otra vez.

La fotografía de lo que ocurre en Misiones y en Salta permite vislumbrar la película completa. Las contradicciones de las diferentes formas de vida, reflejadas en modelos económicos diametralmente opuestos, no solo se profundizan, sino que señalan quiénes son los que tienen más que perder. Las comunidades indígenas se encuentran atrapadas por los empresarios, pero también por el Estado, que claramente ha tomado partido y desprecia el modo de vida que sostienen los Pueblos Indígenas.

El despojo en el sur de la Argentina

En la Patagonia, los desalojos y los intentos son habituales, y generan un clima permanente de zozobra y violencia en las comunidades. Los casos de las comunidades mapuche Quintriqueo y Melo, en Villa La Angostura, provincia de Neuquén, son un claro ejemplo dado el alto valor inmobiliario de la tierra por la afluencia del turismo. La orden de desalojo a favor de una ciudadana de origen belga, quien tendría títulos de propiedad de la década de 1970 (calificados como irregulares o fraudulentos por la comunidad y que, supuestamente habrían sido vendidos a sociedades particulares), se contrapone con documentos y estudios antropológicos que acreditan la presencia de la comunidad desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX sumado a una resolución actual de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que constata la ocupación tradicional.

En un tema tan sensible como la extranjerización de la tierra, el desalojo de las comunidades generó apoyó de organizaciones y vecinos. Actualmente, la Lof Melo sufre nuevas amenazas de desalojo, lo que genera un clima de enorme tensión. Ambas comunidades cuentan con personería jurídica y la carpeta técnica producto de un relevamiento catastral realizado por el propio Estado. Por eso, resulta incomprensible que el propio Estado, que realiza actos de constatación de la ocupación pública y tradicional, simultáneamente desconozca la propiedad comunitaria indígena y decida a favor de un particular.

Existe un nexo entre el impulso estatal a la extracción de los recursos naturales, las políticas de territorios vacíos, la sucesión de desalojos, el desconocimiento de derechos indígenas y el incentivo para que las empresas se instalen en la Argentina.

Existe un vínculo evidente entre el accionar judicial, las órdenes que reciben las fuerzas de seguridad desde el Poder Ejecutivo y, los requerimientos de particulares y empresas, tanto nacionales como extranjeros. La vulneración de los derechos indígenas constitucionales y los instrumentos jurídicos internacionales se vuelve mucho más evidente. Basta recorrer el país y contactarse con las comunidades indígenas para advertir las dificultades que atraviesan y las inseguridades que sufren ante las amenazas de desalojo siempre latentes.

Esto no responde a la casualidad. Existe un nexo muy claro entre el impulso estatal a la extracción de los recursos naturales, las políticas de territorios vacíos, la sucesión de desalojos, el desconocimiento de derechos indígenas y el incentivo para que las empresas se instalen en la Argentina. Este hilo permite trazar el recorrido de un viaje que inició con la conquista y que hoy, en pleno siglo XXI, sigue implicando una embestida cultural que solo significa avasallamiento de derechos.

Nada cambia: contextos actuales y crisis frente al extractivismo

La irrupción del extractivismo provocó un impacto notable en las comunidades indígenas. Actualmente,  las nuevas derechas presentan una agenda política muy lejos de los derechos indígenas. Las políticas refractarias a cualquier tipo de diversidad, sumado a políticas económicas basadas en la explotación de los recursos naturales, van desplazando a los Pueblos Indígenas del foco de interés de una agenda que siempre fue austera con respecto a ellos. En pocas palabras, el desconocimiento de los derechos indígenas se hace cada vez más ostensible y se toman decisiones sobre sus territorios sin respetarlos.

Una muestra de esto es el RIGI, pergeñado por la actual gestión de gobierno, que facilita el ingreso de empresas para la explotación de litio e hidrocarburos. Las exenciones de impuestos para aquellos actores que pretendan invertir en la Argentina subordinan cualquier tipo de derecho, incluido el reconocimiento constitucional de la preexistencia de los Pueblos Indígenas. Las discusiones actuales alrededor a la Ley de Tierras, que pone límites a su extranjerización y que el gobierno de Javier Milei derogó en un Decreto de Necesidad y Urgencia en los inicios de su gobierno (DNU 70/23) encuentra un nuevo foco de conflicto en dos últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La crisis que provoca el modelo de desarrollo y productivo imperante y, consecuentemente, la matriz energética que se desprende de ellos, no augura buenos tiempos para los sectores de la población que viven en y de la tierra.

Al dejar sin definir la constitucionalidad del decreto 70/23, ni siquiera la última instancia judicial de Argentina está dispuesta a hacer respetar la Constitución, como se supone es su función. Esta situación también enciende luces de advertencia en las comunidades indígenas, que vislumbran cómo se profundizan las amenazas sobre sus territorios y cómo se despliega en todo el país una política de desalojo que no es casual. En los hechos, los desalojos son el termómetro de las medidas que se van tomando en el ámbito económico.

La crisis que provoca el modelo de desarrollo y productivo imperante y, consecuentemente, la matriz energética que se desprende de ellos, no auguran buenos tiempos para los sectores de la población que viven en y de la tierra. Sin embargo, existen núcleos de resistencia, pero también de proactividad, desde los cuales se buscan proteger los territorios y la naturaleza y se intenta incidir en ámbitos más proclives a acompañarlos en sus luchas. Los ciclos políticos son largos y los Pueblos Indígenas han sobrevivido durante más de cinco siglos a todo tipo de ataques.

Proyecciones y horizontes

Los escenarios locales y globales nos indican tiempos turbulentos y violentos. Las contradicciones que generan las formas de vida de los Pueblos Indígenas, un capitalismo que sigue acentuando su peor rostro, Estados que no protegen derechos   (y persiguen a quienes los reclaman) se van acentuando. Son todas expresiones de retrocesos que no deben ser interpretados como definitivos. Por el contrario, forman parte de un devenir que va dejando hitos que, en un marco más propicio, permitirá avizorar otros horizontes.

Desde ya, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con sus luces y sombras, acompaña la lucha de los Pueblos Indígenas por sus derechos. Con dificultades en la ejecución de sus sentencias, como es el caso de Lhaka Honhat, sus fallos siguen siendo invocados como argumento de autoridad. Las transformaciones que exigen sus sentencias, a pesar de las dificultades, pueden esgrimirse para trabajar por un cambio de la realidad.

La administración de justicia sigue siendo una alternativa que debe estar subordinada a una estrategia política más amplia, definida por las organizaciones y comunidades indígenas.

A nivel local, a pesar de la desconfianza hacia un Poder Judicial siempre alineado a los intereses políticos de turno, existen excepciones que ameritan seguir intentando la vía judicial. Es un camino plagado de obstáculos, pero debe transitarse a fin de acudir a todas las opciones en el marco de un Estado de derecho. Sin embargo, la administración de justicia sigue siendo una alternativa que debe estar subordinada a una estrategia política más amplia, definida por las organizaciones y comunidades indígenas.

Finalmente, los horizontes están claros. En el caso de Argentina, deben realizarse cambios normativos. Por ejemplo, una ley especial de propiedad comunitaria indígena que nunca alcanzó a debatirse en el seno del Congreso. Por otra parte, sería importante encarar una reforma constitucional, aunque no son éstos los tiempos propicios para hacerlo. Cambios constitucionales, discusión de nuevas leyes, cambios institucionales, hoy se encuentran en un horizonte lejano. A más de cinco siglos de la conquista, los Pueblos Indígenas siguen demandando la efectivización de sus derechos. Afortunadamente, los ciclos políticos también se renuevan.

Silvina Ramírez es abogada y Doctora en Derecho. Además es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina). Es integrante de la Asociación de Abogadxs de Derecho Indígena (AADI) y miembro de la Comisión Directiva del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).

https://debatesindigenas.org/2026/11/01/el-despojo-de-territorios-indigenas-en-argentina-a-534-anos-de-la-conquista/

 

La crisis individual de la confianza institucional

Los recientes accidentes de trenes de Alta Velocidad en España, con un saldo de casi un centenar de muertos, ha abierto el debate sobre la fiabilidad de los transportes públicos.

Cuando sacamos un billete de tren o de autobús o de avión, estamos manifestando nuestra confianza de que, no solo nos llevarán a nuestro destino, sino de que FUNCIONAN, están operativos y controlados todos los complejos sistemas que garantizan la casi seguridad de que no habrá un accidente.

En las sociedades democráticas y desarrolladas el concepto de fiabilidad social o confianza institucional no debía ponerse en cuestión. Si después de un accidente de avión, de ferrocarril o de autobús bajan significativamente las ventas de billetes, es signo de que se está quebrando la fiabilidad social o confianza institucional.

Estos conceptos están muy presentes en el pensamiento del teólogo y bioético español Francisco José Alarcos Martínez y se articulan principalmente a través de su obra vinculada a la ética pública, la bioética y el impacto de las nuevas tecnologías. Como catedrático de la Universidad Loyola y asesor de la Agencia Digital de Andalucía, Alarcos aborda cómo las 2 sociedades contemporáneas construyen y sostienen la convivencia en momentos de crisis institucional.

Los ejes fundamentales de su postura respecto a la fiabilidad de las estructuras sociales y éticas se estructuran en tres dimensiones:

  1. Transparencia vs. Honradez

En los ensayos sobre ética en la vida pública, Alarcos analiza la transformación de las exigencias sociales frente a la corrupción. Señala que tradicionalmente la fiabilidad social se sustentaba en la honradez personal (vinculada a la autenticidad del individuo). Sin embargo, en la sociedad actual, ese paradigma se ha desplazado hacia la transparencia institucional, entendida como una exigencia técnica de coherencia entre lo que las instituciones dicen y lo que hacen. Para él, la verdadera fiabilidad social surge cuando la transparencia no desaloja los valores éticos profundos, sino que sirve de puente normativo para recuperar la confianza perdida.

  1. Ética de la Información y Gestión del Conocimiento

En el ámbito de la comunicación y las profesiones de la información, el autor asocia la fiabilidad social con la responsabilidad del profesional hacia los usuarios. Propone tres pilares éticos básicos que garantizan un entorno social confiable:

  • Discriminación: Capacidad de separar la información verídica yvaliosa de la “basura” o el ruido mediático.
  • Ordenación: Estructuración ética y lógica del conocimiento.
  • Facilitación: Garantizar el acceso democrático y comprensible de los datos a los ciudadanos.
  1. Fiabilidad en la Era Digital y de la Salud

Como experto en bioética y asesor en gobernanza digital, el profesor Francisco Alarcos extiende el concepto de fiabilidad al plano biosocial y tecnológico.

Coincide en que la introducción de la inteligencia artificial, la automatización y la medicina de precisión en la gestión pública solo es viable socialmente si se cuenta con comités éticos que fiscalicen los sesgos algorítmicos.

La fiabilidad social en el siglo XXI ya no depende únicamente de las relaciones humanas, sino de la confianza que los ciudadanos depositan en la seguridad y equidad de los sistemas tecnológicos que rigen sus vidas.

Cristianos de Base: una mirada crítica y comprometida ante los desafíos de nuestro tiempo

El Boletín n.º 95 de Cristianos de Base de Gijón invita a reflexionar sobre los desafíos políticos, sociales, económicos y eclesiales que marcan nuestra realidad.

A través de diversos artículos, aborda temas como la defensa de la democracia, la justicia social, las pensiones, el acceso a la vivienda, la libertad de pensamiento en la Iglesia y la construcción de una sociedad más fraterna.

Una lectura que interpela a los cristianos a vivir el Evangelio desde el compromiso con la dignidad humana, la paz y el bien común.

Te invitamos a leerlo y compartirlo:

Alegría en una boda fracasada

Salvador Santos propone una lectura profunda del relato de las bodas de Caná, más allá de la interpretación tradicional del milagro de la transformación del agua en vino. A través de los símbolos presentes en el Evangelio de Juan, invita a descubrir el significado de esta escena como expresión del paso de una antigua alianza agotada a una nueva propuesta basada en el amor y la lealtad.

Una reflexión que ayuda a comprender el mensaje de Jesús y la alegría que nace de una nueva forma de vivir la fe y construir comunidad.

Te invitamos a leer el texto completo:

Las democracias vulneradas y los desafíos para su recuperación en América Latina: aprendizajes de la historia en la coyuntura trumpista y tecno-capitalista

Cómo se recuperó la democracia (1978-1990)

A mediados y finales de la década de 1970, la gran mayoría de los países latinoamericanos se encontraban bajo dictaduras militares. Desde el inicio de la transición democrática en Panamá en 1978 hasta la culminación de la democratización en Chile, Nicaragua y Paraguay en 1990, esta “tercera ola de democratización” barrió la región en poco más de una década.

Este logro no fue resultado de un solo factor. En primer lugar, el fracaso generalizado de la gobernanza económica y social de las dictaduras socavó la base de legitimidad del poder militar – ya fuera la “seguridad nacional” o el “desarrollo económico”- , y dentro de las propias Fuerzas Armadas surgió la voluntad de “abandonar el poder” ante transformaciones geopolíticas y cambios en el liderazgo de Estados Unidos que empieza a dejar de apoyar al militarismo en la región. . En segundo lugar, las rutas de transición variaron según el país: en Argentina y Bolivia los militares se retiraron casi pasivamente; en Brasil, Perú y Ecuador se trató de transiciones controladas “desde arriba”; en Centroamérica, la transición estuvo estrechamente vinculada al fin de las guerras civiles y a los acuerdos de paz. Además, la presión externa de Estados Unidos fue especialmente significativa en Centroamérica, pero la negociación de las élites políticas locales, la resistencia de los movimientos sociales y la difusión del discurso y de los movimientos globales de los derechos humanos constituyeron igualmente fuerzas motrices ineludibles. Hacia mediados de los años noventa, los procedimientos democráticos electorales se habían establecido casi por completo en América Latina.

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De Lisboa (2023) a Seúl (2027), las JMJ y los jóvenes en la construcción de la paz

Hace tres años, en 2023, tuvieron lugar en Lisboa, del 1 al 6 de agosto, las JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD. Miles de jóvenes de todo el mundo se dieron cita en Portugal. De España la presencia de jóvenes fue impresionante. Tras el derroche de entusiasmo, muchos se preguntan: ¿después de Lisboa, ¿qué? ¿Cuál es el efecto que esta experiencia ha tenido sobre la maduración en la fe cristiana de estos jóvenes? ¿No refuerzan la adolescencia prolongada de la que hablan los sociólogos? Los jóvenes que han asistido ¿han crecido en la fortaleza de una fe que resiste los ataques del consumismo? ¿Serán hombres y mujeres más comprometidos en la transformación de la sociedad, en la tolerancia y el respeto a la casa común?

Desde ASINJA hicimos una propuesta a los educadores para ayudar en este proceso de maduración y que presentamos en este modesto libro: SEQUEIROS, L. (2024) https://www.bubok.es/libros/277439/transmision-de-la-fe—despues-de-la-jmj-2023-de-lisboa

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3 noviembre: Día Internacional de las Reservas de la Biosfera

La UNESCO proclamó en 2022 que el 3 de noviembre se celebrara el Día Internacional de las Reservas de la Biosfera, con la finalidad de destacar la importancia de estos espacios naturales en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, promoviendo la investigación, el desarrollo sostenible y la toma de decisiones sobre el cuidado del medio ambiente.

Solo tenemos un planeta y está en peligro. Para tratar los retos medioambientales del planeta tenemos que cambiar radicalmente nuestra relación con la naturaleza y con los demás seres vivos. Unirnos para crear un mundo en beneficio de todos.

Puedes consultar la Red de las Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

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