[Por: Joaquim Armindo]
“Es ante este desastre que no callamos”, así termina la Carta Abierta que, en Portugal, siete decenas de católicos dirigieron a los obispos portugueses sobre la candente cuestión de los abusos sexuales en la Iglesia Católica Portuguesa. Titulada “Abusos sexuales: ¿Después de todo, los obispos portugueses escucharon a las víctimas?”, la exposición comienza refiriéndose a sus promotores: “Somos un grupo de católicos, vinculados a diferentes comunidades, que ha acompañado con perplejidad e indignación la actuación de la Iglesia Católica portuguesa en relación con las víctimas de abusos sexuales, cuya ilustración más reciente se reflejó en la conducción del proceso de decisión sobre las compensaciones financieras. Las noticias difundidas en los más diversos medios de comunicación revelan una falta de comprensión inaceptable de la dimensión humana del problema. Ante tal indignidad, queremos hacer oír nuestra voz y preguntar: ¿qué aprendió la Iglesia?, ¿qué aprendieron los obispos portugueses con la revelación de la existencia y gravedad de abusos sexuales cometidos en su seno? ¿Qué testimonio están dando del mensaje fundamental del cristianismo?”, abordando algunos temas, escriben en primer lugar que en el “lenguaje utilizado por la jerarquía (reflejado en los medios de comunicación) predomina sustancialmente una fría indiferencia frente a la atrocidad del sufrimiento de las víctimas y, desde el punto de vista de la forma, una falta de transparencia observable en los reiterados intentos de blindar el discurso para que los protagonistas eclesiásticos no resulten perjudicados. De hecho, por un lado, esos protagonistas aparecen como un bloque monolítico en el que no se distinguen rostros ni voces individuales. Y, por otro, el discurso meramente técnico y ‘jurídico’ es insuficiente para tratar un asunto que tiene en el centro a seres humanos y exige, por parte de la Iglesia, una respuesta cristiana. Se exige, simplemente, actuar con humanismo, transparencia y respeto hacia las víctimas-personas, como forma de mitigar al máximo las consecuencias que todavía hoy sufren, desde todos los puntos de vista, en sus vidas cotidianas.”
Afirman sentirse conmocionados porque “a lo largo de este proceso, incluso ahora en la fase de definición de los montos de las indemnizaciones, lo que se evidencia es precisamente esa falta de empatía con las víctimas. Pronunciar la propia palabra ‘víctima’ parece constituir un esfuerzo, cuando lo que está en juego, antes que nada, es su sufrimiento, que debería generar una empatía y una cercanía reales. Vemos reiteradamente confirmado el conocimiento que la Iglesia Católica tiene desde hace muchas décadas de la existencia de víctimas de abusos (sexuales y de otros tipos) en su seno, así como de agresores, frecuentemente ocultando y protegiendo a estos últimos.”
Incluso dan un ejemplo concreto: el “Comunicado de la Arquidiócesis de Braga sobre el proceso canónico relativo a las denuncias y quejas contra el Canónigo Fernando Sousa e Silva: en un lenguaje rebuscado, explica que, por determinación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dicho proceso fue archivado, aceptando dócilmente la rehabilitación de ese clérigo, por cuyos actos el arzobispo había llegado incluso a pedir perdón ante los feligreses de Joane (véase noticia de la RTP [Radio Televisión Portuguesa], 3.10.2022). (…) Las víctimas (y se trata de generaciones de abusados en el confesionario – véase, por ejemplo, este documental de la RTP) son designadas con la palabra ‘denunciantes’, y las palabras de ‘consuelo’ son dirigidas al sacerdote y a la comunidad, que habría sido ‘perturbada’ por estos acontecimientos. El comunicado de la Arquidiócesis afirma que el Vaticano no calificó como ‘abuso sexual’ lo que todo el mundo sabe que ocurrió. Todo el sufrimiento de las víctimas en el confesionario fue reducido, increíblemente, a ‘una eventual imprudencia en el ejercicio de la función de confesor’ o a ‘eventuales comportamientos imprudentes o inadecuados’…”
Y formulan preguntas: “¿Cómo aceptar que personas víctimas de crímenes silenciosos contra su intimidad más profunda, su cuerpo y su sexualidad, cuando eran niños, sean convocadas solas a una audiencia con especialistas desconocidos, en un espacio desconocido, interrogadas insistentemente sobre sórdidos detalles del abuso, del cual sienten vergüenza, asco o culpa (véanse, por ejemplo, reportajes del DN [Diario de Noticias], 1.12.2025, y de la revista Sábado, 4.3.2026)? ¿Qué razón justifica el hecho de que se les haya impedido llevar, si así lo deseaban, a alguien de su confianza que las acompañara en una experiencia tan dolorosa? ¿Qué razón puede justificar, además, la imposibilidad de acceder al informe elaborado a partir de esa audiencia, que será elevado a instancias superiores con la etiqueta de su nombre e identidad (RTP, 27.09.2025)? Además de los protocolos de naturaleza ética, ¿se aseguraron los protocolos vigentes sobre protección de datos, especialmente rigurosos en el caso de ‘personas vulnerables’, tal como estipula el RGPD (Reglamento UE 2016/679), norma europea aplicable desde el 25 de mayo de 2018 en Portugal? Y si estas cuestiones se plantean respecto de cualquier institución civil en una sociedad democrática, ¿qué decir cuando estas prácticas existen en una institución como la Iglesia Católica, fundada en los principios evangélicos de acogida y compasión hacia quien sufre, quien es despreciado y oprimido?”
Y continúan denunciando “la decisión final sobre las compensaciones financieras a las víctimas. Frente a la propuesta fundamentada de la comisión técnica que crearon para trabajar sobre el asunto, decidieron imponer recortes muy significativos (…) ¿y cuáles fueron, después de todo, los criterios? En todo lo que fue publicado, e incluso a partir de las intervenciones públicas de los responsables eclesiales, no percibimos que el argumento de que los valores debían adaptarse a la realidad portuguesa resulte convincente. ¿Acaso los juristas de la Comisión no eran portugueses? ¿Desconocían cuáles son los montos fijados por los tribunales portugueses en situaciones semejantes?”
Esta carta constituye una manifestación pública de indignación y disconformidad de ciudadanos católicos frente a la manera en que han sido tratadas las víctimas de abuso sexual, especialmente en el contexto de la Iglesia Católica en Portugal. El texto cuestiona prácticas institucionales que dificultan el acceso de las víctimas al apoyo de confianza, a la transparencia procesal y a una justicia efectiva: desde la forma en que son convocadas e interrogadas, hasta la limitación en la consulta de los informes y las restricciones en la atribución de compensaciones financieras.
La carta denuncia la distancia entre los valores evangélicos de acogida y compasión y las respuestas de la jerarquía eclesiástica, que, según los autores, privilegiaron el miedo al escándalo antes que la búsqueda activa de la verdad, la justicia y la reparación. Cita recientes intervenciones del León XIV, quien llama a tener el coraje de enfrentar el sufrimiento de las víctimas y asumir caminos exigentes de sanación, contraponiendo esas palabras a las actitudes defensivas de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP).
* Joaquim Armindo es Doctor en Ecología y Salud Ambiental, diácono de la Diócesis de Oporto (Portugal).
