[Por: Juan José Tamayo]
Desde su primera elección como presidente de la República de El Salvador en junio de 2019, y su segunda elección anticonstitucional Nayib Bukele viene dando muestras de autoritarismo y autocracia, hasta convertir El Salvador en un régimen con rasgos dictatoriales evidentes. Uno de los momentos más significativos de dicho autoritarismo fue el autogolpe de Estado del 9 de febrero de 2020. Veamos el contexto en el que se produjo, su desarrollo y las funestas consecuencias para el pueblo salvadoreño.
El presidente había pedido a la Asamblea Nacional la aprobación de un crédito de 109 millones de dólares para su plan de seguridad pública, denominado Control Territorial. El objetivo declarado de esta iniciativa era controlar los altos índices de criminalidad del país. GANA, la formación política aliada que le permitió a Bukele competir por la presidencia, se encontraba entonces en minoría en la Asamblea frente a ARENA y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). El partido que apoyaba a Bukele no podía, por tanto, aprobar la ley que reclamaba el presidente.
El 9 de febrero de 2020, Bukele convocó por vía de urgencia a la Asamblea Legislativa para aprobar el crédito mencionado que había sido impugnado por fallas de tipo constitucional. Esta situación llevó a la parte opositora de la Asamblea Legislativa a rechazar la convocatoria. Ante la negativa, Bukele hizo un llamamiento a la insurrección popular pidiendo a la gente que acudiera al exterior de la Asamblea para presionarla con el objetivo de aprobar el crédito extraordinario. El Ejército le prestó públicamente lealtad y le mostró su disposición a cumplir sus órdenes. Las Fuerzas Armadas ocuparon las calles adyacentes a la Asamblea y finalmente el recinto legislativo.
Ese mismo día, con la sola asistencia de 28 de los 84 diputados, Bukele tomó la Asamblea rodeado de militares y policías, violando el dispositivo de seguridad legislativa. Se sentó en la silla del presidente del Poder Legislativo, hizo sonar el gong para abrir la sesión. Se quedó en silencio, se cubrió el rostro con las manos, se puso a orar y, haciendo apelación a una legitimidad divina, dijo que Dios le había hablado y le había dicho que “tuviera paciencia”.
La toma militar de la Asamblea y la usurpación de la función del presidente del Legislativo por parte de Bukele fueron un atentado contra la independencia y la separación de poderes, así como contra la democracia y, en definitiva, un autogolpe que pretendió legitimar religiosamente a través de la oración. El gesto, así como su política autoritaria y represiva, contó con el apoyo incondicional del fundamentalismo evangélico y de sus pastores, que vienen asesorando a Bukele desde su toma de posesión y marcándole la agenda político-religiosa con la confesionalización de la esfera pública. Incluso es posible que estuviera sugerido por estos como muchas de sus propuestas de implicar la religión en la vida pública.
Los apoyos políticos con los que contó en aquella efeméride de infausta memoria fueron su partido aliado, el ejército y la policía. Con la toma militar del Parlamento demostraba su negativa al diálogo y su incapacidad para llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Hoy sigue cerrado al diálogo.
Numerosos colectivos sociales condenaron la militarización, la confesionalización y la usurpación del espacio legislativo nacional. La oposición reclamó la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para frenar lo que calificó de “autogolpe de Estado”. Sin embargo, el organismo interamericano no se pronunció de manera concluyente al respecto y días después respaldó a Bukele.
“Desde un significado histórico-político y viendo en perspectiva los hechos posteriores -afirma Leonel Herrera, periodista y activista ambientalista salvadoreño-, el 9 de febrero de 2020 fue la advertencia de lo que vendría después [en El Salvador]. Ahí el autócrata se quitó la máscara democrática, mostró sus garras autoritarias y expresó claramente el régimen que buscaba instalar”.
No podemos olvidar el 9 de febrero de 2020. Lo que ha sucedido durante estos seis años después de aquella efeméride ha venido a confirmar sus desmedidas y antidemocráticas aspiraciones a conquistar el poder total que ha logrado pisoteando los derechos humanos, encarcelando a ciudadanos y ciudadanas arbitrariamente y restringiendo la libertad de expresión que ha obligado a no pocos periodistas a exiliarse.
Y todo ello poniendo en práctica el manual de instrucciones despóticas de Donald Trump y siguiendo la misma senda transitada por él, que legitima su modo de gobernar. El gran sátrapa Trump es el maestro del pequeño sátrapa Bukele y su referente político autoritario a quien imita en cada una de sus políticas económicas, sociales y culturales. Ambos cuentan con el apoyo del fundamentalismo evangélico. En un encuentro de Bukele con los pastores evangélicos fundamentalistas, el pastor Mario Bramnick, asesor de Trump, anunció que con Bukele había llegado el final del cautiverio de El Salvador y de toda América Latina y le declaró a el libertador de su país:
“El tiempo del cautiverio se acabó, el Señor está levantando Ciros no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Bolsonaro es un Ciro, el presidente Bukele es un Ciro para este tiempo. Dios está sobre él”.
La alianza entre Bukele y las iglesias evangélicas fundamentalistas es la mejor prueba de que el actual modelo político-religioso de El Salvador es el cristoneofascismo, que desarrollo en mi La Internacional del odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se deconstruye? (Icaria, 2025, 4ª edición).
