[Por: Pedro Paulo Bastos Zahluth – ALAI AMLATINA]
“No hay duda alguna de que la práctica de la corrupción es  un delito de responsabilidad que constituye un impedimento  para  ser presidente. Es por eso que Fernando Collor fue destituido en 1992. En ese momento, la Cámara de Representantes no estaba involucrada en gran escala en los escándalos de corrupción en que se sumió el presidente y su pequeñísima base de apoyo.  Además de tener el derecho de juzgar a un presidente corrupto, la Cámara contaba con el apoyo de un amplio consenso en la sociedad respecto a la legitimidad del proceso.
Nada de esto sucede hoy: los acusadores de la presidente Dilma Rousseff no pudieron comprobar su asociación con los delitos de corrupción, cuya investigación ella siempre ha apoyado. Por el contrario, la crisis de legitimidad del Congreso Nacional es resultado precisamente de la acumulación de acusaciones de corrupción hasta el punto máximo de haber descubierto la relación entre los representantes políticos y los mecanismos ilegales de financiación de la política (…)”.
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[Por: Pedro Paulo Bastos Zahluth – ALAI AMLATINA]

“No hay duda alguna de que la práctica de la corrupción es  un delito de responsabilidad que constituye un impedimento  para  ser presidente. Es por eso que Fernando Collor fue destituido en 1992. En ese momento, la Cámara de Representantes no estaba involucrada en gran escala en los escándalos de corrupción en que se sumió el presidente y su pequeñísima base de apoyo.  Además de tener el derecho de juzgar a un presidente corrupto, la Cámara contaba con el apoyo de un amplio consenso en la sociedad respecto a la legitimidad del proceso.

Nada de esto sucede hoy: los acusadores de la presidente Dilma Rousseff no pudieron comprobar su asociación con los delitos de corrupción, cuya investigación ella siempre ha apoyado. Por el contrario, la crisis de legitimidad del Congreso Nacional es resultado precisamente de la acumulación de acusaciones de corrupción hasta el punto máximo de haber descubierto la relación entre los representantes políticos y los mecanismos ilegales de financiación de la política (…)”.

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