[Por: Cristina Fontenele – Adital] 
 
“Después de aceptar el pedido de juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff [Partido de los Trabajadores – PT], este jueves 3 de noviembre, el presidente de la Cámara de Diputados, diputado Eduardo Cunha [Partido del Movimiento Democrático Brasilero – PMDB – Río de Janeiro), determinó la creación de la comisión especial para analizar la denuncia. Ésta fue presentada por los juristas Helio Bicudo, Miguel Reale Jr. y Janaína Paschoal. La autorización es el primer paso de un largo proceso, que se basa en el supuesto delito de responsabilidad el hecho de que Dilma haya contratado una operación de crédito irregular ("pedaleos fiscales”), en los años de 2014 y 2015. En un pronunciamiento, la presidenta dice haber recibido con indignación la decisión de Cunha, afirmando que no existen actos ilícitos cometidos por ella. "No tengo cuenta en el exterior [en alusión a las cuentas ilegales de Cunha en Suiza], ni oculté al conocimiento público la existencia de bienes personales. Nunca coarté o intenté coartar a instituciones o personas, en busca de satisfacer mis intereses. Mi pasado y mi presente atestiguan mi idoneidad y mi incuestionable compromiso con las leyes y la cosa pública”, declaró Dilma. En oposición a la decisión del presidente de la Cámara, diversas organizaciones y movimientos sociales, además de entidades vinculadas a las iglesias en Brasil, se pronuncian cuestionando los argumentos de la denuncia, y definiendo la postura de Cunha como un ‘chantaje o venganza’ (...)”.
 
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[Por: Cristina Fontenele – Adital] 

“Después de aceptar el pedido de juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff [Partido de los Trabajadores – PT], este jueves 3 de noviembre, el presidente de la Cámara de Diputados, diputado Eduardo Cunha [Partido del Movimiento Democrático Brasilero – PMDB – Río de Janeiro), determinó la creación de la comisión especial para analizar la denuncia. Ésta fue presentada por los juristas Helio Bicudo, Miguel Reale Jr. y Janaína Paschoal. La autorización es el primer paso de un largo proceso, que se basa en el supuesto delito de responsabilidad el hecho de que Dilma haya contratado una operación de crédito irregular ("pedaleos fiscales”), en los años de 2014 y 2015. En un pronunciamiento, la presidenta dice haber recibido con indignación la decisión de Cunha, afirmando que no existen actos ilícitos cometidos por ella. "No tengo cuenta en el exterior [en alusión a las cuentas ilegales de Cunha en Suiza], ni oculté al conocimiento público la existencia de bienes personales. Nunca coarté o intenté coartar a instituciones o personas, en busca de satisfacer mis intereses. Mi pasado y mi presente atestiguan mi idoneidad y mi incuestionable compromiso con las leyes y la cosa pública”, declaró Dilma. En oposición a la decisión del presidente de la Cámara, diversas organizaciones y movimientos sociales, además de entidades vinculadas a las iglesias en Brasil, se pronuncian cuestionando los argumentos de la denuncia, y definiendo la postura de Cunha como un ‘chantaje o venganza’ (...)”.

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