Comunicado del Comité Nacional en Defensa de los Territorios Frente a la Minería.

El lanzamiento del Programa de Revitalización de la Industria Minera a través de Medidas Provisionales es la marca antidemocrática de las acciones del Gobierno Temer. Cambiar el Código de la Minería en el momento de turbulencia política que atraviesa el país, tratando la minería sólo bajo la óptica fiscal y administrativa, deja claro que esta maniobra forma parte del paquete de acciones para desmontar la democracia y es un claro intento de buscar convencer a los parlamentarios de la bancada minera a votar en contra de la continuación de la denuncia de la Procuraduría General de la República (PGR) por corrupción pasiva.

Tratar a la minería como si fuera apenas un sector comercial capaz de aumentar la participación en el PIB, que según se anunció subiría del 4 al 6%, aumenta aún más la fragilidad de fiscalización del Estado y coloca aún más en riesgo a las poblaciones alrededor de las minas, Las comunidades en el entorno de su logística y el medio ambiente.

La expansión de la minería en Brasil en los últimos 15 años ha traído impactos significativos para las comunidades y el medio ambiente. De varias partes de nuestro territorio resuenan denuncias de injusticias socioambientales provocadas por la minería y su cadena productiva, de transformación, salida y exportación. Al mismo tiempo, los bienes minerales brasileños se escurren por nuestros puertos, en una verdadera sangría, hacia el exterior, reforzando el papel primario-exportador de nuestra economía.

La política de expansión de la extracción minera, de la cual la reformulación del nuevo Código Minero es uno de los elementos centrales, ha ganado fuerza desde 2013, con el envío al Congreso Nacional del Proyecto de Ley 5807/2013. Las organizaciones del Comité Nacional en Defensa de los Territorios frente a la Minería desarrollaron una lucha por la garantía de los derechos de las poblaciones afectadas, de los trabajadores y contra los impactos ambientales provocados por el modelo minero brasileño e impidieron la votación del texto del Nuevo Código en diciembre de 2015. Fue parte de la acción del Comité, la denuncia a la prensa que el texto del Código había sido escrito por abogados de la oficina Pinheiro Neto, que representa a varias empresas mineras como Vale SA y BHP Billiton y que privilegiaba exclusivamente el mercado.

En el anuncio del presidente, celebrado el 25 de julio del presente año, se han olvidado a las poblaciones alrededor de las minas, a las afectadas por la logística de transporte, a las comunidades, a los pueblos tradicionales afectados y al medio ambiente. Ni siquiera fueron citadas en los textos de las MPs. Desgraciadamente, esas enormes cifras ocultan el rastro de destrucción que la expansión minera viene dejando en los territorios. Esta política generó desastres como lo ocurrido en noviembre de 2015 en el distrito de Bento Rodrigues, Mariana (MG), donde 20 personas perdieron sus vidas y más de 600 sus casas. Hasta hoy los afectados por este desastre, que incluyen más de 20 mil personas en la Cuenca del “Río Doce”, no fueron indemnizados por las empresas y el Gobierno Federal no tomó ninguna providencia para garantizar sus derechos en el anuncio del nuevo Programa. Por lo contrario. El texto en la MP deja claro que los daños ambientales y sociales provocados por la minería, así como el cierre de las minas es de responsabilidad exclusiva de las empresas mineras. Pero ¿cómo crear mecanismos para que la fiscalización a esas empresas sea hecha de forma efectiva?

Al transformar el DNPM en Agencia Reguladora, la Agencia Nacional de la Minería, sin un largo proceso de concursos públicos para la entrada de funcionarios calificados, el gobierno deja claro que poca inversión será destinada a la fiscalización. El DNPM es hoy un órgano desechado. En el Estado de Minas Gerais son sólo 4 fiscales para cuidar la fiscalización de más de 700 represas. Crear la Agencia sin la garantía de un aumento significativo del cuerpo de servidores que harán la fiscalización de los emprendimientos no garantiza un mayor control del Estado sobre el sector minero.

Si la cuestión es fiscal y es necesario aumentar la recaudación, ¿por qué el Gobierno no revisa las leyes que eximen a la exportación de minerales del pago de ICMS? Como la Ley Kandir, o la Ley de exención de Impuesto a la Renta para las empresas que actúan en la amazonia, entre ellas todas las grandes mineras.

Las MPs 789, 790 y 791 anunciadas de forma antidemocrática por el gobierno profundizan una lógica de expansión minera según la cual las ganancias quedan concentradas en las manos de las empresas y los daños se distribuyen a los que viven en los territorios afectados por los impactos ambientales significativos e irreversibles sobre las aguas, el aire, el suelo, los ecosistemas, patrimonios arqueológicos, paleontológicos, culturales y simbólicos.

El aumento de la Cfem por medio de los cambios en la fórmula de cálculo (que pasa a ser sobre la facturación bruta y no sobre la líquida) y las nuevas alícuotas, no alterarán sustancialmente la condición del país de paraíso fiscal para las grandes mineras, todas transnacionales. Además, no resolverá el grave problema fiscal que hoy enfrentan los estados y la Unión y no revertirá el crónico desmonte del Estado y de las políticas públicas. Y la asignación de los recursos de Cfem no es clara en inversiones que realmente sean de gran valor para la población de los municipios dependientes de la minería. Principalmente en lo que se refiere al área de la salud, pues en estas localidades el aumento de enfermedades pulmonares, enfermedades de la piel y los más diversos tipos de cáncer es significativo. Es una irresponsabilidad promover la dependencia económica de los municipios en torno a explotaciones mineras intensivas, que son capaces de en poco tiempo agotar su producción y que de paso dejan como herencias irreversibles para las actuales y futuras generaciones: la contaminación y depredación de los territorios, inviabilizando, incluso otras actividades económicas que tendrían potencial de ser socialmente justas y ambientalmente sostenibles.

Repudiamos el Programa de Revitalización de la Industria Minera como camino para la salida de la crisis. Repudiamos el Programa, sobre todo, porque profundizará los impactos sobre las poblaciones alrededor de los grandes proyectos, las comunidades que sufren el impacto de su logística, sobre el agua, el suelo, el aire y todo el medio ambiente, además que amplía los riesgos de desastres. Se necesitan cambios en la minería brasileña, pero para ello es necesaria una amplia y democrática discusión sobre el modelo minero de nuestro país, con la amplia participación de todos los actores involucrados y los afectados por el sector.