[Por: Juan José Tamayo]

Con motivo de la celebración de la Mesa redonda Políticas públicas para la protección y promoción de los derechos humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) que ha convocado el acto, me ha pedido un artículo que acaba de publicar el diario Infolibre para motivar la participación en tan importante acto y reflexionar sobre un tema de necesario tratamiento ante la ola privatizadora de los servicios públicos y la limitación de los derechos humanos en no pocos programas de partidos que ponen en práctica políticas sociales y económicas neoliberales y dejan sin efecto el discurso sobre los derechos humanos.

Lo ofrezco a las lectoras y los lectores de RD por si fuera de su utilidad para pensar la política y la economía en favor del bien común y asumir el compromiso sociopolítico de la ciudadanía en clave de solidaridad con las personas y los colectivos más vulnerables, de justicia y equidad sociales y de hospitalidad y acogida para quienes llegan a nuestras costas en busca de una vida digna de la que carecen en sus países de origen. Un ejemplo que demanda políticas públicas urgentes de hospitalidad es el de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a nuestro territorio y chocan con el rechazo de no pocas comunidades autónomas.

No conozco a ningún gobierno como tampoco a ninguna de las organizaciones internacionales que hayan pedido perdón por no reconocer ni practicar los derechos humanos. Todo lo contrario. Por lo general presumen de defenderlos e incluso se enorgullecen de su cumplimiento presentándose como ejemplo al resto de los gobiernos y organizaciones internacionales. Es verdad que el discurso de los derechos humanos lo tienen en un lugar destacado de sus programas y lo proclaman en sus intervenciones públicas: mítines, comparecencias parlamentarias, ruedas de prensa, etc., pero no es menos cierto que, como dice el refrán, “del dicho al hecho hay un gran trecho”.

Este artículo tiene como objetivo mostrar que, para paliar tamaño desequilibrio entre la teoría y la práctica, las políticas públicas constituyen una de las herramientas fundamentales y más eficaces para el reconocimiento, el respeto, la salvaguarda y la realización de los derechos humanos. Es a través de ellas como se pasa de los derechos humanos como ideales retóricos, proclamas solemnes y obligaciones jurídicas exigibles a acciones afirmativas concretas y a realidades tangibles en la mejora de la vida de todos los seres humanos. Las políticas públicas deben orientarse al bien común y a la consecución del bienestar de todos los ciudadanos y las ciudadanas a todos los niveles.

Como afirma Mireya Maritza Peña Guzmán, la relación entre derechos humanos y políticas públicas es multiforme. Por una parte, es necesario incluir el enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas y conseguir que sea su factor determinante, su inspiración, su marco de orientación y “el eje articulador de toda acción gubernamental”. Por otra, la realización de los derechos humanos requiere políticas públicas generales y específicas. Y es ahí donde los gobiernos suelen fallar. Como afirmaba Kofi Anan, cuando era secretario general de la ONU, “no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos”.

Concretando, creo que hay que poner en práctica políticas públicas en favor de los derechos humanos en aquellos ámbitos en los que más se transgreden, entre los cuales voy a fijarme en cuatro: la inmigración, las mujeres, el colectivo LGTBI+ y la pobreza.

En cuanto a la inmigración, es necesario superar la identificación de la ciudadanía y de los derechos humanos con la nación. Tal identificación excluye a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas de la ciudadanía y del reconocimiento de los derechos humanos, y poner en práctica políticas públicas que defiendan la igual dignidad y los derechos de todos los seres humanos, independientemente de su procedencia geográfica, el color de la piel, la etnia, la cultura, la religión, la clase social, el género, la identidad sexual: derechos de reunión, expresión, asociación, residencia, trabajo, derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la educación, a los servicios sociales, sanitarios, derechos políticos, sociales y económicos, sin restricción alguna.

Es la mejor manera de deconstruir y dejar sin argumentos los discursos de odio contra las personas migrantes y las prácticas xenófobas y racistas, así como de evitar las muertes y los sufrimientos de una parte de la humanidad que requiere socorro, acogida y solidaridad que, como afirma Pedro Casaldáliga, es la ternura de los pueblos.

En lo referente a la discriminación y la violencia contra las mujeres que se produce en todos los ámbitos de la vida: político, económico, laboral, familiar, social, lúdica, medios de comunicación, internet, robótica, espacios lúdicos, es necesario eliminar las políticas provocadas por el “neoliberalismo sexual” y apoyadas en el “mito de la libre elección” (Ana de Miguel) y activar políticas de igualdad y justicia de género en los ámbitos donde se transgreden sistemáticamente, de paridad en los órganos representativos de las instituciones y de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Así mismo, es necesario luchar contra las prácticas que las humillan y degradan como la prostitución, los vientres de alquiler, la trata, la discriminación salarial, la falta de conciliación familiar, etc.

Con tales políticas, que han de inspirarse en el feminismo, se contribuye a deconstruir los discursos de odio contra las mujeres, defender su vida contra la violencia de género, que desemboca en feminicidios, eliminar sus sufrimientos multiseculares e imponer las sanciones acordes a la gravedad de las violencias y discriminaciones ejercidas contra ellas.

Otra de los colectivos que sufre una de las mayores transgresiones de los derechos humanos es el LGTBI+, que son objeto de los discursos y delitos de odio que se traducen en violencia moral y física. Dichos discursos son promovidos y alentados por la extrema derecha política y cultural, por un sector importante de la jerarquía católica y por los movimientos religiosos fundamentalistas e integristas, todos ellos en alianza y complicidad.

En 2023 los delitos de odio contra el colectivo LGTBI+ se incrementaron un 33.1% en España. Los derechos de este colectivo se sienten seriamente amenazados, cuando no negados a nivel legal, y condenados a penas de cárcel e incluso a la pena de muerte en varios países. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea advierte de que “la intimidación, el acoso y la violencia [contra este coletivo] continúan siendo amenazas constantes”. Por ello son más necesarias que nunca las políticas públicas que defiendan la diversidad afectivo sexual, más allá de la heteronormatividad y de la binariedad sexual, den seguridad y garantías al colectivo en el ejercicio de sus derechos y eviten los sufrimientos vividos durante siglos.

Dichas políticas deben comenzar en la escuela con la educación en la  diversidad, que “es una herramienta fundamental para combatir el odio”, como afirma el Manifiesto de las organizaciones convocantes de la marcha del Orgullo celebrada el 6 de julio en Madrid. La actual presidenta de la LGTBI+ ha pedido un Pacto de Estado contra los discursos de odio. 

El ámbito donde quizá con más urgencia se requiere la aplicación de políticas públicas para la protección y el ejercicio de los derechos humanos, el principal de los cuales es el derecho a una vida eco-humana digna, es el de la pobreza estructural, que se traduce en desigualdades cada vez más crecientes entre ricos y pobres en todo el planeta, generadas por el modelo económico neoliberal, calificado por el papa Francisco de injusto en su raíz. La pervivencia y el avance de la pobreza constituyen el mayor mentís a las cumbres mundiales y a las declaraciones sobre derechos humanos y el mayor fracaso de las políticas neoliberales tanto a nivel local como mundial.

El neoliberalismo niega toda fundamentación antropológica de los derechos humanos, los priva de su universalidad, que se convierten en mera retórica tras la que se esconde la defensa de sus intereses. A su vez, establece una lógica puramente economicista para su ejercicio, la de la propiedad, de la acumulación, del poder adquisitivo. En la cultura neoliberal los derechos humanos tienden a reducirse al de propiedad. El resto de los derechos está sometido a este.

La mayor negación de los derechos humanos por parte del neoliberalismo consiste en robar el derecho a la esperanza a aquellas personas y colectivos a quienes se les ha desposeído de sus bienes y el derecho a una vida digna, y se les impone la desesperanza y la renuncia a conseguir un futuro mejor.

La pervivencia de la pobreza en todos sus niveles constituye una palmaría violación de los derechos humanos fundamentales. Su erradicación no es, por tanto, un problema que se resuelva con el asistencialismo y las obras de caridad, sino que es un problema urgente a resolver con políticas públicas de derechos humanos que contribuyan a frenar la voracidad privatizadora de lo público por parte del neoliberalismo, a eliminar las desigualdades y a construir un mundo donde todas y todos los ciudadanos podamos disfrutar de los bienes comunes de la tierra y de la humanidad.

Una buena guía para el ejercicio de prácticas políticas en favor de los derechos humanos se encuentra en la encíclica del papa Francisco Fratelli tutti. Sobre la fraternidad y la amistad social. En ella defiende “la mejor política puesta al servicio del bien común” (n. 154), considera necesario “pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, incorpore a los más débiles y respete la diversidad de culturas” (n. 155) y aboga por la “globalización de los derechos humanos”, de la que, afirma, estamos muy lejos. (n. 189). Una de sus propuestas más originales es la de la necesidad de practicar una caridad y un amor traducidos social y políticamente (nn. 178 y 180).  

Imagen: https://apdhe.org/actualidad/