[Por: Manuel Hidalgo]

Hemos sufrido este 4 de septiembre una dura e inesperada derrota. Personalmente, me entusiasmé con el contenido de la Propuesta de Nueva Constitución y el trabajo de los últimos dos meses de campaña de quienes estaban por aprobarla. Y esperaba que el impacto de ella en el electorado más amplio se viese apoyado por una suerte de “instinto de clase” en los sectores más empobrecidos y medios de la población que por primera vez se verían obligados a votar. Siendo ostensible que el rechazo era promovido por la élite política y empresarial que ha gobernado Chile en los pasados 32 años, imaginaba que esto los inclinaría al Apruebo. Me equivoqué.    

Porque el primer factor contextual de lo ocurrido y su contraste con las votaciones de octubre 2020 (plebiscito de entrada) y de mayo 2021 (elecciones de la Convención) está dado por el carácter de la votación, que por primera vez en los últimos 10 años fue obligatoria. Y además, con inscripción automática; lo que no se había producido con voto obligatorio jamás. Votaron así 13.021.063 de personas, de un padrón de 15.173.857 personas. La más alta participación electoral tanto en número como en porcentaje de la que hay memoria en Chile.

Al comparar los votos del Apruebo con los de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021, aparece claro que mientras la votación del Apruebo es casi la misma que obtuvo Boric en segunda vuelta, el voto del Rechazo supera en 4 millones la votación de J.A. Kast en esa ocasión. Esto significa que, de los 4,5 millones de nuevos electores, 4,1 votaron rechazo.  

El desafío es entender la subjetividad de esos millones de votantes provenientes en particular de sectores medios y populares, que regularmente no votan ni se interesan en temas políticos, que ahora se vieron obligados a votar y que le dieron el triunfo a la opción del rechazo. La investigación de Macarena Segovia y Paulina Toro, dos periodistas de CIPER, dan claves importantes al respecto. El artículo de Alvaro Ramis, “La Convención Constitucional y sus enemigos” (Le monde Diplomatique N° 238, abril 2022) dio también anticipadas pistas de las motivaciones de quienes han rechazado la propuesta de nueva constitución este 4 de septiembre.    

Nuestra interpretación es que esas personas no rechazaron el texto de la propuesta de Nueva Constitución, porque sencillamente -como la casi totalidad del mundo popular en Chile- no leen ni siquiera diarios. Rechazaron una propuesta que entendieron provenía de un sector del mundo político al que identificaron con el gobierno de turno y de un proceso que les fue ajeno y del que se formaron una mala opinión, a partir de lo que los medios de comunicación transmitieron sobre su desarrollo- que no estuvo exento de incidentes que permitieron magnificar sus falencias- y que distorsionaron la realidad y evaluación seria del mismo. 

El rechazo es, en buena medida y en primer término, una expresión de desaprobación a la gestión de los primeros 6 meses del gobierno de Boric. El mismo que, en medio de una situación muy compleja y crítica, perdió apoyo aceleradamente en este período. En parte por errores que cometió su gabinete. Pero en lo fundamental, por no logar administrar una serie de crisis que lo precedían y que lo excedían; esto es, frente a las cuales no tenía mucho margen de maniobra. Y nos referimos con esto a las distintas crisis, en la macrozona sur, en la macrozona norte, la crisis de seguridad con el crimen organizado, la crisis económica internacional y sus impactos recesivos e inflacionarios en la economía chilena. Desde el inicio de su gestión, el gobierno Boric se vio acorralado y cada vez más arrinconado por la derecha y las cúpulas empresariales hacia la preservación del esquema económico y del control del orden público, en base al despliegue de las fuerzas policiales y militares. Mellando crecientemente su voluntad y capacidad para avanzar hacia un proceso de cambios “progresistas”. Lo que en definitiva se fue postergando hacia el horizonte de una eventual victoria del apruebo en el plebiscito de septiembre. Perdido esto, es evidente que las fuerzas de centro derecha y la derecha avanzarán aún más en el control de la agenda y la gestión del gobierno, desde el parlamento y también desde dentro del gabinete ministerial.    

Sólo para referirme a la aprobación del gobierno en materia económica. La primera medida que derrumbó el nivel de aprobación del gobierno fue, sin duda, su rechazo de un quinto retiro de fondos de las AFP o de otorgar un nuevo IFE, para insuflar mayor liquidez a las familias. El gobierno no quiso arriesgarse a exacerbar la inflación o a incurrir en medidas que acentuaran la “incertidumbre” de los “mercados”, o que crearan mayores desequilibrios macroeconómicos. 

En segundo lugar, la Convención desarrolló su trabajo sin acompañamiento de una significativa movilización social, concentrados los movimientos sociales y las fuerzas políticas transformadoras en labores de incidencia y participación en los debates de la misma, pero sin capacidad para sostener su labor en los territorios.  La derecha y las clases dominantes tuvieron una estrategia y un mando único en la batalla contra el proceso constituyente y contra la nueva Constitución. Mientras que, desde el campo popular, se carecía de una vocería única y clara y un mensaje comunicacional que pudiera llegar a todos los territorios.  Hay que reconocer, además, que buena parte de las organizaciones territoriales surgidas luego de octubre 2019, luego del inicio de la pandemia se debilitaron notablemente o desaparecieron. Y que el breve plazo de dos meses -de julio a septiembre- limitó la socialización y democratización entre la población de los contenidos fundamentales de la propuesta de nueva Carta Magna y su correspondencia con las demandas populares. 

En tercer término, el rechazo provino además de la incertidumbre y de la inseguridad que les produjeron algunas normas de cambio que fueron particularmente falseadas por la campaña de la derecha (relativas a la vivienda, la educación, la salud, la previsión, la plurinacionalidad, el aborto) y que interpretaron los afectaría en la precaria situación que tienen o en sus aspiraciones. Se difundió una imagen de una propuesta “maximalista”, “identitaria”, “refundacional, antipatriota, imposible de realizar y basada en la confrontación” en relación con una propuesta no sólo moderada, sino que reflejó un consenso superior a los dos tercios de los convencionales; quórum que hacía inviable que tuviese esos ribetes.  A lo que hay que agregar que se atizó fuertemente el miedo y el resentimiento racista contra los pueblos originarios sobre todo respecto de la definición de plurinacionalidad contenida en el texto de nueva Constitución y al mismo tiempo hubo una sistemática campaña para criminalizar la migración y rechazar un criterio permisivo del refugio. La batalla comunicacional fue absolutamente desigual y en ella, los partidarios del Apruebo fuimos derrotados ampliamente. La investigación de CIPER es muy ilustrativa la respecto.

En último término, contribuyó al rechazo la maniobra parlamentaria que relativizó sus consecuencias con un consenso para facilitar una suerte de continuidad del proceso, de una nueva Convención, y nuevas rutas antes de votar siquiera, diciéndole a la gente que le salía gratis rechazar si no le parecía del todo bien el texto.

Tres años atrás, un conjunto de movimientos sociales dispersos dábamos peleas por nuestros derechos, sin mayor articulación alguna. Vino la rebelión popular y -sin conducción alguna- provocó la ingobernabilidad que espantó a las clases dominantes y las forzó a abrir el cauce de un proceso institucional constituyente, con el que pensaron cancelar el proceso de cambios. No lograron controlar el plebiscito de entrada y peor aún, perdieron el tercio de bloqueo en las elecciones del 15-16 de mayo de 2021. Entraron en estado de alerta y de pánico desde entonces. E iniciaron la campaña que el día de hoy mostró su eficacia. No pudimos contra ella en este breve plazo. Pero en ese proceso, la articulación de Movimientos Sociales Constituyentes y más luego del Comando de Movimientos Sociales, han establecido un nuevo piso orgánico y político desde el que continuaremos la lucha Y tenemos además un texto programático mínimo. Desde allí, volveremos con más ahínco a los frentes, a los territorios, a la base. Para seguir construyendo el movimiento popular mayoritario que aún no tenemos. Construyendo una mayor unidad social y política de los sectores populares desde abajo, la unidad de las fuerzas transformadoras. Para seguir luchando, desde las urgencias cotidianas, con amor, con solidaridad, con nuestros principios intransables. Hacia una verdadera Asamblea Popular Constituyente, soberana y sin las cortapisas impuestas por el poder constituido, que ahora pretende hacer un remedo de Convención Express, a partir de sus propios intereses y definiciones. 

El historiador Jorge Magasich nos dice: “La victoria del rechazo marca una derrota del movimiento social iniciado en octubre de 2019, lo que allana el camino a un acuerdo entre liberales. Pero no es una derrota histórica como en 1973. El movimiento está en condiciones de recuperarse y proseguir la movilización por una constitución que no solo declare derechos democráticos y sociales, sino que además los garantice. Esto requiere un Estado con recursos, es decir propietario de las riquezas básicas del país, como el cobre, el litio, el mar, y otras”. Por eso y mucho más, volveremos y venceremos. 

Arriba las y los que luchan!!

Imagen: https://actualidad.rt.com/actualidad/440663-portavoces-apruebo-reconocen-derrota-plebiscito