22 de Abril de 2021
[Por: Walter Prysthon - Coordinador del equipo América Latina y Caribe CCFD-Terre Solidaire | Traducción: Amerindia]
Las injusticias y la violencia contra los defensores del medio ambiente en América Latina son bien conocidas y continúan presentes. En Colombia, Guatemala, Brasil y Perú, el número de activistas sociales asesinados sigue aumentando, afligiendo comunidades y sociedades, ahora también afectadas por Covid-19. La búsqueda de ganancias a corto plazo refuerza las políticas extractivas que destruyen el medio ambiente y hacen vulnerables a los opositores a los megaproyectos.
En este contexto, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, en este simbólico Día de la Tierra, 22 de abril de 2021, representa una esperanza. Es también una forma de rendir homenaje a los defensores que arriesgan sus vidas a diario frente a poderosos intereses económicos.
Llamado así por la ciudad costarricense donde fue adoptado en el 2018, el Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Este es el primer acuerdo ambiental regional vinculante de América Latina y el Caribe. Este acuerdo también allana el camino para mecanismos de cooperación entre países. Y, lo más importante, contiene disposiciones específicas de protección y aliento al trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos que se dedican a cuestiones ambientales.
Los contenidos del Acuerdo son coherentes con instrumentos ya existentes, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas sobre proyectos previstos en sus territorios, así como con la reivindicación de fortalecimiento del deber de vigilancia de las empresas en el ámbito de los derechos humanos y el medio ambiente.
En vista de las disposiciones del Acuerdo relativas a la garantía de "un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del medio ambiente", situaciones como la de Bernardo Caal Xol, líder maya Q'eqchi, quien se encuentra injustamente encarcelado por más de tres años en Guatemala, podrían ya no ser posibles. De hecho, en el marco de un conflicto entre 124 comunidades y una empresa responsable por el proyecto de construcción de dos centrales hidroeléctricas en los ríos Oxec y Cahabon, Bernado Caal Xol fue condenado, en ausencia de pruebas y sin juicio justo, a más de 7 años de prisión.
Este caso lamentablemente no es único en América Latina. Se trata del uso indebido del derecho penal en favor de intereses económicos, y tiene como objetivo intimidar y debilitar los movimientos de protesta. Este tipo de procedimiento ha sido denunciado varias veces por organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin duda el destino de Bernardo Caal Xol podría ser muy diferente, si el acuerdo ya existiera en su momento y si fuera ratificado por Guatemala... Las comunidades Q'eqchis habrían tenido acceso, en su idioma, a información relevante sobre el proyecto antes de su implementación; habrían sido consultadas; sus derechos protegidos; sus líderes no habrían sido criminalizados; tribunales especializados con funcionarios capacitados habrían asumido el caso para un juicio justo y diligente.
Al proporcionar a los defensores del medio ambiente garantías de acceso a la información y recurso a la justicia, los estados que han ratificado el Acuerdo de Escazú están dando un paso significativo para proteger a las generaciones futuras. El reconocimiento de los defensores del medio ambiente contribuye al fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho. En este sentido, el Acuerdo de Escazú sugiere la posibilidad de otra vía para la resolución de conflictos socioambientales, y representa una esperanza para las comunidades campesinas e indígenas que aún son lo suficientemente desfavorecidas como para hacer valer su derecho al territorio y a un medio ambiente saludable.
Walter Prysthon
Coordinador del equipo América Latina y Caribe
CCFD-Terre Solidaire
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