[Por: Bernardo Pérez | Cristianisme i Justicia]

Hay que reconocer que nunca hemos tenido en España un Estado fuerte, capaz de servir a los intereses del bien común o el interés general. Siempre, desde que surgió el Estado en los territorios del imperio español estuvo al servicio de los intereses particulares de un grupo social concreto, sea este la familia gobernante o las élites nobiliarias del momento, incluso el grupo de vencedores de la guerra española del siglo XX. Tras la muerte del dictador, España tuvo la oportunidad de construir un Estado social, garante de derechos y libertades y cohesionado en torno a la Constitución del 78, construida sobre el modelo alemán de Estado social y de derecho, con una sólida base material que garantizara el bienestar social y el ejercicio de la democracia en plenitud. Sin embargo, esto se truncó muy pronto. Las tímidas reformas de los primeros gobiernos socialistas tropezaron de bruces con la oleada neoliberal que invadió Europa a principios de los ochenta, de la mano de Reagan y Thatcher y las políticas impuestas por la Unión Europea que nos dio acceso en 1986. Se nos permitió acceder y se nos suministró una ingente cantidad de fondos estructurales para crear infraestructuras. A cambio, se nos obligó a desmontar nuestra industria y a potenciar una economía subsidiaria de Alemania. España perdió sectores industriales clave, como los altos hornos o el naval, y construyó un sector servicios dependiente del turismo internacional, con escaso valor añadido y nula capacidad de crear un tejido industrial patrio. España se negó a sí misma la capacidad de ser una potencia industrial junto a Alemania, Gran Bretaña y Francia…

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