[Por: Fernanda Campagnucci | ALAI]

La pandemia de Covid-19 impuso la adopción más rápida y amplia ya vista de tecnologías para la enseñanza a distancia y comunicación entre estudiantes y docentes. Muchas veces, sin la debida transparencia de la donación o contratación pública en cuestión. Esta situación colocó al campo del derecho a la educación delante de una verdadera “encrucijada” de derechos: transparencia versus privacidad. Al mismo tiempo en que es necesario reafirmar el derecho y contener retrocesos acerca de la privacidad, también es necesario abogar por el rescate de la noción de datos públicos como un bien común. La realización de esta idea depende de una gobernanza pública de la infraestructura digital, en la que el Estado se coloque como garante de estos derechos digitales... 

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