[Por: Juan José Tamayo]

En julio de 1980 se aprobó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), que hoy resulta a todas luces anacrónica en una sociedad secularizada, con una amplio pluriverso de religiones y espiritualidades y en un clima generalizado y creciente de increencia en sus diferentes manifestaciones: ateísmo, agnosticismo e indiferencia religiosa. En enero de 1979 se habían firmado los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede –Concordato encubierto-, que mantenían buena parte de los privilegios educativos, económicos, fiscales, culturales, sociales e incluso militares concedidos a la Iglesia católica en el Concordato franquista y nacionalcatólico de 1953, sin contrapartida alguna de la Iglesia católica. No pocos juristas consideran dichos acuerdos preconstitucionales e incluso anticonstitucionales.  

Cuatro décadas después, la religión, y más concretamente la Iglesia católica, no ha encontrado su lugar en la sociedad española ni su encaje en la estructura del Estado. La razón de tal situación hay que buscarla, en mi opinión, en el propio texto constitucional, que incurre en una crasa contradicción en el mismo artículo, el 16. Por una parte, reconoce el derecho a la libertad religiosa a nivel individual y comunitario y la no confesionalidad del Estado: “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Por otra, no respeta los principios de laicidad, neutralidad del Estado y de igualdad de todas las religiones ante la ley al colocar a la Iglesia católica en una situación de precedencia: “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas”. 

Desde el comienzo de la Transición viene salvándose una lucha por la hegemonía en la esfera pública entre el poder político, que con frecuencia ha dado muestras de debilidad y sumisión ante la jerarquía católica, y esta, que ha aprovechado la debilidad de los sucesivos gobiernos de la democracia –fueran de izquierda, de derechas o de centro- para obtener más privilegios sin contrapartida alguna y una relevancia política que no le corresponde en un Estado democrático. Más aún, se ha querido erigir en cuarto poder, y en algunos casos lo ha ejercido de hecho, e incluso en el primer poder, sobre todo en los terrenos moral, legislativo y judicial. 

El último ejemplo de la pugna por la hegemonía en el espacio público por parte de la jerarquía católica fue el de los dos funerales por las víctimas de la covid-19. El Gobierno español anunció la celebración de un funeral de Estado y le puso fecha. La Conferencia Episcopal Española, conocedora de dicha iniciativa, se adelantó a la fecha propuesta por el gobierno y celebró un funeral católico en la Catedral de la Almudena por todas las víctimas, que contó con la oposición expresa de algunos familiares, que pidieron expresamente no ser incluidos en el mismo y el desacuerdo de algunos colectivos dentro de la propia Iglesia católica, que vieron en el acto un desafío el Gobierno.

Los obispos quisieron convertir el acto religioso en funeral de Estado con la  invitación al Rey, Felipe VI, que asistió en calidad de Jefe del Estado, y al Gobierno español, que estuvo representado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.  Así fue entendido por los sectores conservadores y por una parte de la oposición política, y esa fue la imagen que quedó en el imaginario social. La lucha católica por la hegemonía y la confesionalización del dolor en una situación dramática como la que estamos viviendo no puede ser el camino para apoyar a las víctimas y consolar a sus familiares. La respuesta está en el acompañamiento personal y comunitario en el dolor, la compasión con las personas que sufren, la puesta en marcha de proyectos de solidaridad con quienes están soportando de manera más acusada las consecuencias de la covid-19 para ayudarles a salir de la situación de precariedad en que los ha puesto la pandemia, así como la puesta a disposición de las personas enfermas y sus familiares de todos los recursos institucionales y personales sanitarios de la Iglesia católica.

Cuarenta años después de la LOLR es hora de decir adiós definitivamente a la Cristiandad, de la que todavía quedan importantes restos en la práctica política, y reubicar la religión en el espacio público, que creo no ha encontrado todavía su lugar en la democracia cuarenta y tres años después de iniciada la transición. Ello implica reformar los artículos 16.3 y 27.3 de la Constitución, que mantienen una confesionalidad católica encubierta del Estado; derogar los Acuerdos con la Santa Sede, contrarios a la laicidad, a la igualdad de las religiones ante la ley y a la neutralidad del Estado en materia religiosa; derogar la LOLR, elaborar una ley de Libertad de Conciencia y un Estatuto de Laicidad en el ámbito nacional, autonómico y municipal para evitar la confusión de planos de lo religioso y lo político; devolver sin dilación los bienes inmatriculados por la jerarquía católica y ponerlos al servicio de la ciudadanía (por ejemplo, la Mezquita de Córdoba, Patrimonio Cultural de la Humanidad, del que se ha apropiado y beneficiado el obispado); eliminar la enseñanza de la religión confesional en la escuela e introducir la enseñanza de la historia de las religiones; la renuncia de la Iglesia católica a las distintas formas de financiación estatal, por ejemplo, a la asignación tributaria, a las exenciones fiscales, etc.

Una muestra de colaboración y apoyo sincero de la jerarquía católica a la laicidad del Estado y de sus instituciones, como demandan organizaciones cristianas de base y colectivos de teólogas y teólogos españoles, sería que fuera ella quien tomara la iniciativa en la renuncia a los privilegios de los que viene gozando desde tiempos inmemoriales y no empeñarse en seguir defendiéndolos con uñas y dientes como si fueran derechos con una argumentación jurídica falaz, que carece de base bíblica, de fundamento teológico y de justificación política en una sociedad secularizada y un Estado democrático. Sería, además, un ejemplo de coherencia evangélica, amén de una prueba incontestable del necesario giro que debe dar la Conferencia Episcopal Española bajo la nueva presidencia del cardenal Omella, que se presenta como seguidor del Papa Francisco. Entonces sí podríamos decir que la reforma de Francisco ha pasado los Pirineos. Mientras tanto, tengo dudas razonables de que así sea.  

Dos pasos importantes del Gobierno de coalición PSOE-PODEMOS en la buena dirección de la laicidad del Estado han sido la promesa de los ministros y ministras en la toma de posesión de sus cargos sin la presencia de la Biblia y el Crucifijo, y la celebración laica del Funeral de Estado en recuerdo de las víctimas de la covid-19. Ambos actos rompen con cuarenta años de confesionalización católica de dos momentos importantes de la vida política española.

En esa dirección parecen ir las entrevistas que está manteniendo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con los dirigentes –en su mayoría, varones, lo que demuestra el carácter patriarcal de las religiones- de las diferentes organizaciones religiosas: Iglesia Católica, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Federación de Comunidades Judías de España, Comisión Islámica de España, Unión Budista de España-Federación de Entidades Budistas de España, Testigos de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesias Ortodoxas de España, etc. Espero que no se tuerzan y desemboquen en un trato igualitario a todas las confesiones religiosas. 

¿Apostar por la laicidad del Estado y de sus instituciones significa recluir a las religiones en los lugares de culto y en la esfera privada? En absoluto. Las religiones tienen una dimensión crítico-pública irrenunciable que deben ejercer, pero no reclamando privilegios y prebendas, ni al servicio del poder, ni como cogobernantes y colegisladoras, sino al servicio de las personas, sectores y colectivos más vulnerables de la sociedad.

Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, de la Universidad Carlos III de Madrid. Su último libro es Hermano Islam  (Editorial Trotta).

Este artículo es una ampliación del publicado en el diario EL PAÍS el viernes, 21 de agosto bajo el título Adiós a la Cristiandad. 

Imagen: https://www.las2orillas.co/estado-laico-en-colombia/