[Por: Manuel Hidalgo]

La rebelión popular desatada a partir del 18 de octubre pasado ha abierto sin duda una coyuntura inédita. La crisis del sistema de dominación, que se había iniciado  ya en 2011, pero que logró contenerse a partir de 2014-2015 y amenazó aún con revertirse con la elección de Sebastián Piñera para un segundo mandato, ha estallado ahora con una fuerza inusitada y ha abierto un escenario de confrontaciones y realineamientos en el sistema político formal, atizadas por la conflictividad social y política del pueblo en las calles. 

El sistema de dominación monopólico-financiero transnacionalizado, instaurado y reformulado en dictadura, se consolidó con la democracia formal, de 1989 en adelante. Las movilizaciones de los años 2011 al 2013, no sólo por la educación, sino también por demandas locales y regionales, cuestionaron la gobernabilidad del sistema y levantaron la necesidad de un cambio radical de la institucionalidad, de abrir paso a un proceso constituyente y a encarar la recuperación del derecho a la educación, como un bien y servicio público, garantizado por el Estado. 

Desde las clases dominantes, un sector del bloque en el poder, reaccionó abriendose a un proceso de cambios en esos planos, controlado desde la institucionalidad, y acudiendo a Michelle Bachelet para que lo intentara conducir en un segundo mandato. Varios de los ministros claves del gabinete inicial, como Alberto Arenas, Nicolás Eyzaguirre y Javiera Blanco trabajaban previamente en instituciones y empresas del grupo Luksic, que sin lugar a dudas respaldó esa iniciativa.

Pero el respaldo de ese sector no duró más allá del primer semestre de 2015. En medio del descrédito de la casta política, cuyo financiamiento por los grupos económicos había quedado al desnudo con los casos Penta y Soquimich, el caso Caval detonado por representantes del empresariado más conservador, tiró al grupo Luksic para atrás y dejó al gobierno de Bachelet sin mayor respaldo empresarial y expuesta al fuego patronal contra todo intento de reformas. Vino el cambio de gabinete, incluyendo a Jorge Burgos y a Rodrigo Valdés, para darle tranquilidad a las clases dominantes y garantía de la morigeración total del afán reformista, que se anunció como “realismo sin renuncia” en julio de 2015. 

Para esa fecha, sin embargo, desde los centros del sistema capitalista mundial, la ofensiva del globalismo financiero había decretado el fin de la liquidez internacional y la acentuación de la caída de los precios de las materias primas, medidas que han sumido desde entonces hasta ahora a las economías latinoamericanas en una prolongada desaceleración, al filo mismo de la recesión. Paralelamente, el mismo globalismo financiero, entonces en el gobierno de los EEUU, desarrolló las operaciones políticas y mediáticas, para desbaratar mediante acusaciones de corrupción, a los gobernantes de los mayores países suramericanos, Brasil y Argentina y poner en crisis los procesos de integración ajenos a su control, como Unasur y Celac. Aislando así al gobierno bolivariano de Venezuela, como preludio para intentar liquidarlo.   

Con esa clarinada imperial de transfondo, la huelga de inversiones del gran capital en Chile se generalizó y profundizó a lo largo de todo el segundo gobierno de Bachelet. En su desesperación, ese segundo mandato terminó con un alineamiento vergonzoso del gobierno de Chile tras los lineamientos del imperialismo en materia internacional y en una creciente criminalización de la protesta popular y del pueblo mapuche, en lo interno. 

La elección de Sebastián Piñera fue leida equívocamente como la derrota definitiva del intento de abrir un nuevo “ciclo histórico” en el país, que se había anunciado con las movilizaciones del 2011. O el cierre de las “fisuras del neoliberalismo chileno”, que los más críticos o desconfiados reconocieron se habían abierto. Las clases patronales se frotaron las manos y se dispusieron a respaldar a un gobierno que daría vuelta atrás el afán reformista del sistema y que profundizaría en su beneficio, el sistema tributario, el sistema previsional y la legislación laboral. Amén de firmar una versión novísima de Tratado de Libre Comercio, como el TPP-11, fortalecer la Alianza del Pacífico y liderar la articulación de los gobiernos afines al imperialismo en la subregión en espacios como Prosur o el Grupo de Lima. 

Luego de un año 2018 en el que el gobierno de Piñera se ufanó de haber recuperado un ritmo de crecimiento más vigoroso -4%-, gracias a una mejora transitoria y parcial del precio del cobre y de una reactivación también parcial de la inversión privada, el 2019 no se desarrolló en la esfera económica como se esperaba. Ya en el primer semestre, el crecimiento quedó debajo del 2% y las esperanzas quedaron depositadas en lo que ocurriría en la segunda parte del año. 

Un Sebastián Piñera desesperado clamó en la Asamblea General de Naciones Unidas porque EEUU y China pusieran fin a su guerra comercial y se mejorara el “entorno externo” de las economías dependientes como la chilena. Los mecanismos de transmisión de la crisis del capitalismo mundial siguieron operando de manera implacable, tirando abajo no sólo el precio del cobre, sino que elevando el precio de las importaciones –como el petróleo-, con un alza del dólar que hace además más crítico el endeudamiento público y privado de la economía chilena en los últimos 10 años. 

Y en eso estábamos, cuando el alza del pasaje del metro rebalsó el vaso de la indignación contenida en la población. Y la generalizada rebelión que se puso en marcha en todo el país evidenció el rechazo profundo a un sistema que oprime y agobia a las amplias mayorías y destruye los bienes comunes y la naturaleza, al mismo tiempo que concentra sus beneficios y privilegios en las élites empresariales y políticas. 

En las clases dominantes se han vuelto a agudizar las discrepancias entre un sector –por el momento mayoritario- que se abre a reformar el modelo económico y político, incluyendo un cambio de la Constitución, sin ruptura de la institucionalidad y conducido desde el sistema político formal y un sector conservador, que recela de ese afán y que apuesta a que la violencia y el caos acrecienten el temor y la angustia de las capas medias y empresariales, habilitando un escenario futuro en que la rebelión popular sea derrotada y se restablezca el “orden” y la gobernabilidad a punta de  represión. Con este gobierno o con otro que lo suceda. 

Sebastián Piñera, equilibra entre ambas fracciones, abriendo espacios en el gabinete a las fuerzas más liberales y abiertas al cambio institucional, pero resiste introducir reformas estructurales que puedan anticipar un proceso de cambio en el modelo económico y afectar al gran capital, por ejemplo en materia tributaria. Por lo que su “agenda social” resulta ínfima y financiada íntegramente con un esfuerzo fiscal. Y mantiene, paralelamente un discurso de respaldo de la represión y del accionar criminal de Carabineros de Chile y en particular, de las Fuerzas Especiales, que han incurrido en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en su vano esfuerzo por desbaratar las movilizaciones callejeras del proceso de rebelión popular que está en curso.  

La táctica de garrote y zanahoria, para contener y desarticular progresivamente este proceso de rebelión, ha fracasado por completo, a estas alturas de los hechos. Las movilizaciones se suceden sin pausa, de una ciudad a otra, por todo el país, más allá de su masividad fluctuante. Y el rechazo a las agendas gubernamentales –de cambio institucional, social, de seguridad, etcétera- se han extendido y masificado. No lograrán, por tanto, encerrar y encauzar las movilizaciones dentro del cauce institucional ofrecido desde el sistema político. 

Esto no quiere decir que una vez que se empiecen a concretar las “agendas” anunciadas, los sectores populares descarten utilizarlas en su provecho. El tema es que no se limitarán a ellas. En particular, está relativamente claro que llegada la fecha del plebiscito, una amplia mayoría de la población con derecho a voto, concurrirá al mismo y se pronunciará por una nueva Constitución elaborada por una Convención 100% elegida para estos efectos. Pero está también absolutamente claro que las reglas de juego que desde la casta política se han definido para su composición y quórum para sus acuerdos no contarán con una adhesión popular mínimamente significativa. Por el contrario, de insistir en esas reglas, la irritación popular volverá a estallar masiva y violentamente. Y más allá de ello, está por verse si en ese contexto, no cobra bríos el proceso autónomo hacia una Asamblea Popular Constituyente, verdaderamente libre y soberana, que ya se está convocando por los sectores más radicalizados.    

Un proceso de constitución de un nuevo movimiento popular chileno está en curso al calor de la rebelión iniciada hace dos meses atrás. La heterogeneidad de los actores y sectores sociales que lo van conformando es notable, lo mismo que sus formas de actuación, de articulación y de convocatoria. La mesa de Unidad Social, cuya constitución en agosto de este año preludió el llamado estallido social, se ha consolidado como el espacio de unidad más amplio de los movimientos sociales y se ha mantenido en una postura crítica y autónoma del sistema político formal. Pero existen numerosos colectivos dispersos y críticos respecto de su orientación, como el llamado Polo Social Anticapitalista.    

Todo ello avanzará en medio del chantaje patronal, ejercido no tan sólo desde el sistema político, sino que sobre todo desde el ámbito de la inversión y del empleo. Los llamados “mercados”, que ya se avizora fugarán capitales, retraerán la inversión y el empleo. Y que podrían también provocar una mayor desestabilización como campaña del terror ante la emergencia cada vez más nítida de un sujeto popular que entre a disputar el curso histórico en Chile. 

Esas serán las pruebas de fuego que deberá superar la rebelión popular en los tiempos que se han abierto, con nuevas generaciones que se sienten capaces de cambiar la historia y que ya han dado muestras del coraje y del aprendizaje que son capaces de tener y hacer. 

Imagen: https://mst.org.ar/2019/11/13/chile-radiografia-de-revolucion/