14 de Noviembre de 2019
[Por: Juan José Tamayo]
La madrugada del 16 de noviembre de 1989 militares del Batallón Atlacatl, el más sanguinario del Ejército salvadoreño, formados en la Escuela Militar de las Américas, irrumpieron violentamente en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de San Salvador y asesinaron a seis jesuitas: Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, Joaquín López, Amando López e Ignacio Ellacuría, rector de a UCA, que acababa de llegar de España invitado por el presidente de la Nación Alfredo Cristiani para participar en un diálogo entre la Guerrilla y el Gobierno.
En el atentado terrorista militar fueron asesinadas también dos mujeres: Elba Ramos, trabajadora doméstica, y su hija Celina, de 15 años, siguiendo órdenes del Alto Estado Mayor de no dejar vivo a ningún testigo de tamaña matanza para así poder responsabilizar de la misma a la guerrilla. El óctuplo asesinato tuvo lugar en plena guerra civil que duraba ya nueve años y se había saldado con cerca de 70.000 muertos y con matanzas de poblaciones enteras por el Ejército.
Produjo una conmoción mundial por la irracionalidad del atentado y la responsabilidad directa del Ejército, así como por la significación social y cultural de las personas asesinadas, que eran científicos sociales (sociólogos, psicólogos, politólogos) que analizaban críticamente la realidad salvadoreña desde el lugar social de los empobrecidos (desde los “crucificados de la tierra”, decía Ellacuría) y defensores de los derechos humanos, especialmente de aquellos a quienes se les negaban sistemáticamente. Eran sacerdotes sensibles a la opresión del pueblo, comprometidos con los sectores excluidos de la población y vinculados a los movimientos populares. Fungían como educadores populares que ayudaban a despertar la conciencia crítica en la ciudadanía y a organizarse socialmente.
Eran teólogos de la liberación que ofrecían una interpretación del mensaje cristiano al servicio de las mayorías populares y profesores universitarios que formaban a los estudiantes en la participación activa orientada a la transformación de las estructuras políticas, sociales y económicas injustas. Eran, en fin, defensores de la paz y de la vida a través del diálogo, la lucha no violenta por la justicia, la humanización del conflicto y la negociación, en un país que se había convertido en el infierno de la muerte.
No fueron los primeros religiosos asesinados en El Salvador. Hubo otros muchos ante que ellos, entre los que cabe recordar al jesuita Rutilio Grande, monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, recientemente canonizado por el Papa Francisco como mártir por la justicia, cuatro religiosas norteamericanas, numerosos líderes de comunidades cristianas, pastoras y pastores evangélicos, catequistas, etc. El Salvador se convertía así en uno de los países con más religiosos asesinados por el Ejército y los escuadrones de la muerte de todo el mundo. “Haga patria, mate a un cura”, era una de las consignas de los sectores ultraconservadores. Esto sucedía en un país de mayoría católica y con un gobierno católico. ¡Qué contradicción e incoherencia!
Llegados aquí hay una pregunta que quema en los labios: ¿Por qué los mataron? No por odio a la fe, ya que los asesinos profesaban el mismo credo que los asesinados, aunque con prácticas opuestas. Tampoco porque fueran revolucionarios alzados en armas contra el gobierno. Ni siquiera porque hubieran abandonado su actividad religiosa y se hubieran convertido en líderes políticos. Fue precisamente su fe pensada y vivida en clave liberadora la que los impulsó a trabajar por la justicia en un país estructuralmente injusto.
Entonces, ¿cuáles fueron las causas de tan irracional y brutal matanza? Esta es mi respuesta. Los asesinados fueron conciencia crítica de los poderes militares, políticos, económicos y de quienes los detentaban en alianza y complicidad: oligarquía, ejército, gobierno, escuadrones de la muerte y Administración de los Estados Unidos, que contribuía con ayuda militar y un ingente apoyo económico al servicio de la represión.
Desenmascararon las mentiras del sistema, elaboraron un relato alternativo sobre la realidad, más creíble y conforme a la verdad que el oficial, y practicaron la denuncia profética siguiendo la mejor tradición de los profetas de Israel/Palestina y de Jesús de Nazaret. Construyeron puentes de diálogo entre el FMLN y el gobierno, que el Ejército dinamitó porque buscaba la derrota definitiva del FMLN y la represión del pueblo hasta eliminar toda forma de resistencia. Defendieron la vida de las mayorías populares amenazada a diario por la represión y, con su ejemplaridad de vida, anticiparon la utopía de un mundo más justo, sin violencia ni represión ni opresión. Era la realización del Reino de Dios en la historia.
El Vaticano no los defendió de las agresiones de que fueron objeto, ni de las falsas imágenes que se construyeron sobre ellos. Todo lo contrario: llegó a acusarlos de haber renunciado a su misión religiosa y de haber adoptado la ideología marxista. Los dejó solos ante el peligro. Al final su asesinato fue la crónica de una muerte anunciada.
Treinta años después de aquella fatídica madrugada del 16 de noviembre de 1989 es necesario exigir que los asesinos sean juzgados y condenados conforme a la gravedad del delito cometido, cosa que todavía no ha sucedido, hacer memoria de aquellos hombres y mujeres vilmente asesinados, rehabilitarlos en su dignidad, reconocer su ejemplaridad personal y colectiva y considerarlos símbolo del cristianismo liberador, que sigue iluminando hoy el camino hacia Otro Mundo Posible.
Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones “Ignacio Ellacuría”, de la Universidad Carlos III de Madrid. Es coautor, con Luis Alvarenga, de “Ignacio Ellacuría: Utopía y teoría crítica” (Tirant lo Blanch); con Juan Luis Hernández, de “Iglesia, política, religión y sociedad. Interacciones para el bien público desde Ignacio Ellacuría (Dykinson); con José Manuel Romero, de “Ignacio Ellacuría. Teología, filosofía y crítica de la ideología” (Anthropos)
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