[Por: Juan José Tamayo]

No se puede poner puertas al mar. Eso afirma el viejo adagio popular. Y, sin embargo, la realidad de los náufragos del Mediterráneo lo desmiente a diario. No solo se ponen puertas al mar, sino fronteras controladas por personal militar o policial armado hasta los dientes para evitar el acceso a “nuestras” costas de personas -el mar y las cosas ya son propiedad privada. Cada mañana me despierto con un sobresalto: el que me produce la información de la cadena SER sobre las personas refugiadas y migrantes que han naufragado en su intento de llegar a “nuestros” países europeos.

A las puertas que se ponen al mar hay que sumar la criminalización de las personas que se dedican a impedir los naufragios y a evitar la pérdida de vidas humanas de personas indefensas y solas ante el peligro. Es el caso de la abogada española, Helena Maleno, presidenta de “Caminando fronteras”, activista de derechos humanos y defensora del derecho a la vida de las personas migrantes en la frontera Sur española. “Estamos a la deriva en una barcaza que hace agua, el patrón ha huido en una lancha que milagrosamente ha aparecido en alta mar. La situación es de extrema gravedad”. Es el mensaje que Helena recibe a todas las horas del día y de la noche. En respuesta al mismo, se pone inmediatamente en contacto con la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, quienes se disponen al rescate. 

Por realizar esta actividad humanitaria de salvar vidas humanas, la señora Maleno ha sido llamada a declarar por un juez de Tánger (Marruecos) a instancias de la policía nacional española –dependiente del Ministro del Interior, D. Juan Ignacio Zoido, del Gobierno de España–, que mantiene la investigación a pesar del archivo de la causa por parte de la Audiencia Nacional Española. Se la acusa de alentar la inmigración irregular y de traficar de personas. ¿Salvar vidas humanas es traficar con personas?, ¿puede considerarse delito?, ¿es contrario a la ley? 

La respuesta afirmativa a las tres preguntas es la que parece deducirse de la actuación persecutoria del Ministerio del Interior hacia la activista española; una actuación que va dirección contraria a la defensa de la vida de quienes la tienen más amenazada y a la ética de la hospitalidad. Además, la criminalización de personas activistas de derechos humanos pone en riesgo el trabajo humanitario que, en vez de ser alentado y promovido por los gobiernos, lo penalizan. 

Dentro del proyecto “Sueños en el mar”, el periodista gráfico Ricardo Calero hace poco más de dos lustros fotografió más de 3000 copias de pasaportes y las arrojó al mar en Cabo de Gata para después seguir fotografiando su recorrido. Con ese gesto quería visibilizar el drama de la inmigración. En los últimos años son miles y miles no las fotocopias, sino los cadáveres de personas inmigrantes y refugiadas del Sur Global que, tras una fatal travesía, encuentran la muerte en el Mar Mediterráneo. Son personas que huyen de la pobreza, el hambre, la guerra, el terrorismo, y chocan con la insolidaridad de una Europa, que se autodefine cínicamente como “moderna”, “ilustrada”, “humanista”, “desarrollada”, “pluralista” “tolerante”, “hospitalaria”, “sin fronteras”. 

Mientras se producen a diario decenas de muertes en el Mare nostrum –¡qué ironía! –, algunos países europeos cierran sus fronteras a cal y canto, otros se pelean en discusiones de salón sobre los inmigrantes y refugiados a acoger con tendencia a rechazar tal acogida, dificultarla y pujar a la baja, como si los refugiados y las refugiadas fueran mercancía –de hecho así son considerados– y estuviéramos ante operaciones comerciales de compra-venta. Y todos los países incumplen los protocolos internacionales para con ellos y sus compromisos de acogida.  

En España numerosos Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, organizaciones no gubernamentales e instituciones cívicas tienen acondicionados espacios de acogida, mientras que el Gobierno del Partido Popular, mira para otro lado y pone todo tipo de trabas para la llegada del cupo de refugiados y refugiadas al que se comprometió,  

Algunos dirigentes europeos han llegado a afirmar, sin sonrojarse, que la llegada de inmigrantes y refugiados a Europa pone en peligro el nivel de bienestar de los ciudadanos continentales, lo que se traduce, en la práctica, en políticas de mano dura bajo la excusa de seguir contando con el apoyo electoral de los ciudadanos y las ciudadanas. Al final las personas inmigrantes y refugiadas se convierten en moneda de cambio de los dirigentes políticos y en juguete en manos de políticos irresponsables que juegan con la vida de las personas más vulnerables: mujeres, niños, niñas, discapacitadas, gente sin recursos, etc.

Quienes, tras largas y agotadoras travesías, logran llegar salvos –que no sanos– a nuestras costas, lo hacen arruinados económicamente, tras haber pagado cuantiosas sumas de dinero a las mafias, físicamente exhaustos y debilitados por las malas condiciones de la travesía, que hacen hacinados en inseguras pateras de escasas dimensiones. Y lo que encuentran no es precisamente el paraíso soñado. Tienen que sortear todo tipo de obstáculos, empezando por huir de la policía, que los persigue, y de sus perros, que los agreden sin piedad, o saltar las vallas con cuchillas dejándose literalmente la piel.    

El Mediterráneo ha sido un mar abierto, sin fronteras, de intercambios comerciales, de diálogo, hospitalidad y encuentro entre las dos orillas; un espacio intercultural, interreligioso, interlingüístico, interétnico, interfilosófico, intercosmovisional, intercivilizatorio; puente entre tres continentes, Asia, África y Europa. En él han convivido durante siglos y milenios plurales culturas, religiones, civilizaciones, y lenguas. Es esa pluralidad la que hay que preservar y potenciar porque  constituye su mayor riqueza. Pero ha sido también un mar de enfrentamientos bélicos, choques culturales, guerras de religiones, conflictos entre civilizaciones, que ha provocado todo tipo de discriminaciones: étnicas, políticas, sociales, culturales, de género, etc. y agresiones medioambientales. 

Hoy se ha convertido en mar de fronteras infranqueables, foso de separación entre el Norte y el Sur, espacio de exclusión, xenofobia, islamofobia, racismo institucional y estructural, espacio, en fin, de todas las fobias hacia los otros, las otras, los diferentes. 

Peor aún, el Mediterráneo es hoy fosa común de muertos “anónimos” del Sur, cementerio de grupos humanos y pueblos enteros que huyen del hambre y de la miseria, de personas que huyen del terror, de la violencia de los fanatismos religiosos que matan “en nombre de Dios”; de personas refugiadas que son víctimas de las dictaduras, gobiernos militares, regímenes corruptos, guerras civiles, conflictos religiosos, en todos los casos con la colaboración mortífera de las potencias internacionales inmersas en operaciones de venta de armas y no de contribución al desarrollo dentro de los propios países de los que huyen los migrantes y los refugiados. .

Todos ellos son considerados población sobrante, producto de la “cultura del descarte”, como ha denunciado el papa Francisco en su encíclica La alegría del Evangelio: Ya no son solo personas que se encuentran en la periferia, que carecen de poder, sino personas que están fuera, “desechos, sobrantes” (n. 53). Este es el triste resultado de la “globalización de la indiferencia”, que nos vuelve “incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros” y nos impide llorar “ante el drama de los demás..., como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe” (n. 54). Son, en realidad, víctimas de un sistema basado en el Dios Dinero, efecto de un capitalismo sin entrañas y resultado de la acumulación mafiosa del capital, como dijo el político argentino Gustavo Vera, asesor del papa Francisco en el 36 Congreso de Teología, celebrado en Madrid en septiembre de 2016.

*Juan José Tamayo es Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones y autor de Teologías del Sur. El giro descolonizador (Trotta, 2017).

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