[Por: Juan José Tamayo]

Amparándose en unas normas franquistas y en una reforma de Aznar, el obispado de Córdoba se apropió en 2006 de la Mezquita de la ciudad, patrimonio de la Humanidad, por el módico precio de 30 euros. Se producía así uno de los mayores –si no el mayor– “pelotazos” urbanísticos de nuestra historia. Dicha apropiación va acompañada de la explotación económica, por parte de la jerarquía católica, de uno de los monumentos turísticos más visitados de España, que devenga alrededor de 15 millones de ingresos anuales que van a parar a las arcas eclesiásticas. Una cantidad que la Iglesia recaudaba en calidad de limosna y, por tanto, sin obligaciones tributarias. A esto cabe añadir que los gastos de mantenimiento y reparación han sido sufragados en su mayor parte por la administración pública. ¿Cuál es el destino de esos ingresos? Es un misterio, pero no de la trascendencia divina, sino de una operación mercantil, que constituye la perversión de lo sagrado en grado sumo. ¡Corruptio optimi pésima!…

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