“Las organizaciones de derechos humanos y sociales que suscriben este pronunciamiento cuestionan la respuesta del Estado ecuatoriano a una crisis socio-ambiental de vieja data, generada por las actividades de las empresas transnacionales mineras en la Amazonía ecuatoriana, en especial en la provincia de Morona Santiago, mediante la declaratoria de un ‘estado de excepción’ que suspende derechos, militariza la zona, intimida a la población local, realiza allanamientos colectivos y efectúa detenciones arbitrarias (…)”.
 
 
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“Las organizaciones de derechos humanos y sociales que suscriben este pronunciamiento cuestionan la respuesta del Estado ecuatoriano a una crisis socio-ambiental de vieja data, generada por las actividades de las empresas transnacionales mineras en la Amazonía ecuatoriana, en especial en la provincia de Morona Santiago, mediante la declaratoria de un ‘estado de excepción’ que suspende derechos, militariza la zona, intimida a la población local, realiza allanamientos colectivos y efectúa detenciones arbitrarias (…)”.

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