[Por: SICSAL Perú – Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina]
El 4 de agosto de 2026, ante la CIDH, *Matut Micaela Impi Ismiño*, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, denunció lo que ya es una emergencia humanitaria:
1. Más de 800 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Condorcanqui y otros pueblos de la Amazonia peruana.
2. Más de 500 concesiones mineras otorgadas por el Estado en ríos y cabeceras de cuenca del territorio Awajún, en áreas sagradas que amenazan el agua y la vida.
3. Economías ilegales: minería ilegal, narcotráfico y tala que usan el abuso de mujeres para entrar a los territorios.
4. Alto contagio de VIH-SIDA que pone en peligro la existencia misma del pueblo Awajún.
5. Trata de personas y 90% de tolerancia social a la violencia, según la OEA.
Acompañamos esta denuncia junto a AIDESEP, Cuencas Sagradas, IDL, CEAS y el Vicariato Apostólico de Pucallpa. Pero la respuesta del Estado ha sido eludir…
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